Se anticipa una batalla más difícil que la 125
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Elisa Carrió
Pero, además, el gobierno no sólo deberá luchar para imponer su proyecto de reforma, sino para calmar la situación crítica que tiene el sistema previsional en muchas provincias. Hoy puede decirse que existen cientos de variantes aplicables en el régimen jubilatorio en todo el país. Hay diferencias entre las provincias que traspasaron sus cajas a la Nación y las que no lo hicieron; entre las actividades que cobran haberes con 82% móvil y los que no; jubilados a los que se adeuda actualizaciones que tienen ya sentencia y otros que aún litigan. Hasta ahora, muchos de esos casos quedaban tapados por el sistema privado y ahora todo el cálculo pasará a depender del Estado.
De ahí la complejidad de asumir una reforma, anunciada de un día para el otro y, además, con el convencimientopara la oposición de que se hace para solucionar un agujero fiscal el año próximo. Más aún si se tiene en cuenta que ésta será la tercera modificación al sistema previsional de la era Kirchner, que ya avanzó con la moratoria que permitió jubilar a quienes no contaban con aportes y luego la apertura del pase del sistema de capitalización al de reparto y que nunca se cumplió la ley que obligaba al Congreso a revisar la legislación de todos los sistemas previsionales del país.
Todos esos debates volverán ahora a los recintos y de la mano de una oposición que ya decidió acusar de oportunista al gobierno: «El problema es que los fondos van a ir a la caja discrecional K y no a un sistema único serio como el que proponemos desde la Coalición Cívica», dijo ayer Carrió. «En el actual contexto, las medidas del gobierno no son para mejorar el sistema jubilatorio, sino para saquear los fondos de los jubilados y hacer caja, tanto de la ANSeS como de las AFJP», advirtió.
La duda es la misma que mantiene el resto de los opositores: «La rapidez del gobierno llama mucho la atención y genera dudas sobre el verdadero sentido de la medida. El Poder Ejecutivo podría estar actuando como un salvataje a las AFJP o podría tratarse de un manotazo liso y llano a los fondos de los futuros jubilados que manejan las administradoras», explicó ayer el radical jujeño Gerardo Morales, convencido de que el gobierno no sólo actúa para reforzar la caja, sino también para solucionar una crisis de descapitalización en las cuentas de jubilación privada.
El resto fueron preguntas que se hizo casi todo el Congreso: «¿cómo evalúa el Poder Ejecutivo los efectos de la crisis financiera internacional en las AFJP de nuestro país?, ¿cómo han estimado que responderán las inversiones de las administradoras en el futuro, para asumir los riesgos del caso?», decía ayer el radical.
Desde el PRO, Federico Pinedo cuestionó directamente la legalidad del proyecto: «En la Argentina no se puede confiscar la propiedad privada sin la indemnización correspondiente. Hay que entender de una vez por todas que el dinero de las jubilaciones es de la gente y no de los Kirchner», dijo.




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