Se creó comité acreedor con u$s 36.000 millones en bonos

El mercado sigue apostando fuerte por Brasil. Ayer se anunció que ese país emitió u$s 1.500 millones en nueva deuda a 30 años de plazo, pero lo más notable fue que los inversores acercaron propuestas por u$s 6.000 millones. Envidiable, sin duda, más cuando al mismo tiempo la Argentina está pidiendo, de la mano de la propuesta de Lavagna, extender hasta 42 años el pago de la deuda en default. Ayer, en Roma, se lanzó el nuevo comité acreedor con u$s 36.000 millones de papeles en cesación de pagos.

Los acreedores de Europa, Estados Unidos y Asia que tienen bonos argentinos en default conformaron un comité para negociar de manera conjunta la reestructuración de la deuda, pero por ahora no avanzarán con acciones legales. Así lo informaron ayer desde Roma, tras la primera reunión formal de los distintos grupos que reúnen a tenedores de bonos por una suma cercana a los u$s 36.000 millones.

Hoy le enviarán una carta de presentación al ministro de Economía, Roberto Lavagna, en la que solicitarán un encuentro de manera formal y que las negociaciones comiencen en el transcurso de las próximas dos semanas. «Tenemos una fuerte representación y ahora el gobierno ya no tendrá excusas para seguir dilatando una respuesta a nuestra intención de negociar», explicó a Ambito Financiero un banquero que participó de la reunión.

• Objetivo

Nicola Stock, titular de Task Force Argentina (TFA), la entidad que agrupa a los ahorristas italianos, explicó al finalizar la reunión que «el objetivo no es iniciar acciones legales», aunque enseguida enfatizó que «no dejaremos que nos tomen el pelo», en referencia a la propuesta argentina de insistir con una quita de 75% de valor nominal de los bonos, que representa 92% de reducción del valor presente de los títulos en default. «Si nos tratan a los cachetazos, tendremos que revisar nuestra estrategia», dejó picando.

Stock fue elegido en el encuentro de ayer titular del Comité Global de Bonistas Argentinos (GCAB, de acuerdo con la sigla en inglés), quien compartirá esa posición con un representante del Argentine Bondholders Committee (ABC), que reúne a grandes fondos de inversión de los Estados Unidos.

Este comité internacional que negociará de manera centralizada con la Argentina está integrado, además de ABC y de TFA, por el consorcio austro-alemán ABRA y los bancos japoneses Tokio Mitsubishi y Shinzei Bank. También participaron ayer como observadores los bancos alemanes Deutsche Bank y DZ Bank (que en su momento conformaron uno de los grupos consultivos) y la Swiss Banker Association (SBA).

Aunque todos los participantes irán unidos a negociar con el gobierno, todavía subsisten algunas diferencias internas que no fueron ventiladas de manera pública. Básicamente, no existe un acuerdo total respecto de la propuesta que estarían dispuestos a aceptarle al gobierno argentino. Descartada la quita de 75% del valor nominal, ahora las dudas pasan por el grado de reducción que aceptarán. El total de la deuda a renegociar suma u$s 90.000 millones, la mitad de la cual se encuentra entre acreedores internacionales.

• Propuesta

El ABC ya presentó una propuesta con una quita de 35% de valor nominal que en la práctica se acerca a 60% de valor presente. «Los japoneses y los italianos no quieren aceptar quitas, siguen insistiendo con cobrar la totalidad del valor nominal, aunque aceptan reducciones de tasas y alargamiento de plazos», señaló un participante. Los más duros son los nipones, que no están dispuestos a ceder un milímetro en sus pretensiones. Los bancos de ese origen declinaron participar como colocadores de la deuda entre los inversores japoneses, ya que están al tanto de su negativa a cualquier tipo de quita.

Además hubo un rechazo de plano a la posibilidad de inscribirse en el registro de acreedores que desde ayer habilitó -accidentadamente- el Ministerio de Economía (ver aparte). «Los datos ya se los dimos a Lazard Frères», el banco de inversión que coordina las negociaciones por la reestructuración, explicó Stock. Además, en el comité de acreedores consideraron que este registro, que estará habilitado por 90 días, sólo busca « dilatar las conversaciones».