El gobierno aceptó finalmente que el proyecto de creación de ENARSA -empresa estatal de energía- y el nuevo marco regulatorio de servicios públicos tienen problemas no sólo en el Congreso sino dentro del propio gabinete nacional. Roberto Lavagna, en un almuerzo con las cabezas de los principales partidos en Diputados, reconoció ayer que no esta de acuerdo con muchos de los puntos que Julio De Vido incluyó en el nuevo marco regulatorio, y pidió a los legisladores que se tomen todo el tiempo necesario para tratarlo: «Hay que hacer un ámbito de discusión amplio sobre ese tema», dijo a los legisladores que lo visitaron en el ministerio, ante quienes reconoció que tiene diferencias con el área de De Vido. Lo mismo había hecho una semana atrás Néstor Kirchner también con diputados y senadores cuando, al referirse a ENARSA, les dijo que analizaran a fondo el proyecto sin apuros. Es decir, quedó la sensación de que el tratamiento de ambos temas se demorará más de lo esperado.
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Con esas dos salvedades -reforzadas por consejos similares que en la tarde de ayer dio Alberto Fernández a los radicales Horacio Pernasetti y Mario Losada- los dos proyectos clave del gobierno en el Congreso marcharon hacia el freezer.
Si bien hoy habrá un plenario de comisiones que intentará emitir el dictamen de la ley que crea la empresa estatal de energía multipropósito, el proyecto no bajará al recinto por falta de apoyo de la oposición y de parte del propio bloque PJ.
El oficialismo, o más precisamente el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Snopek, quiere tener listo el despacho para que empiece a regir el plazo de siete días hábiles que se requieren para el tratamiento del proyecto en el recinto de sesiones. Pero ese optimismo choca con las críticas a la forma en que se constituirá la compañía, como una SA sin control de la Ley de Administración Financiera del Estado, la falta de definición en la capitalización de la empresa o la posibilidad de acumular toda la línea de actividades relacionadas con el mercado de hidrocarburos cuando eso está prohibido a los particulares.
• Almuerzo
Lavagna recibió ayer para almorzar en el ministerio a Horacio Pernasetti, Luis Molinari Romero y Roberto Iglesias por el radicalismo; a Eduardo Camaño, José María Díaz Bancalari, Rafael González y Manuel Baladrón por el PJ; y a Gabriel Llano y Hugo Martini por los partidos menores. Monir Madcur, mientras tanto, lo asistió con datos técnicos.
Hubo un inicio de conversación amable en que los diputados radicales -los que más hablaron- rompieron el hielo: «¿No tienen miedo de que el aumento en el salario mínimo se convierta en un conflicto en las provincias?».
«Las provincias tienen mucha plata colocada a plazo fijo, igual que los bancos que no la quieren prestar. Si los gobernadores quieren tener empleados, que les paguen», les contestó el ministro entre sonrisas.
Luego Lavagna les confirmó que el gobierno quiere volver a pedir superpoderes para modificar a gusto del gobierno el Presupuesto nacional 2005, como lo hizo este año, y que se renovará la Ley de Emergencia Pública, tal como adelantó Ambito Financiero hace una semana.
Después de ese episodio, Lavagna comenzó a enumerar los proyectos que más le interesaban dentro de los que están en tratamiento en el Congreso. Curiosamente, puso a la cabeza de la lista uno que espera desde hace casi un año: la Creación del Registro Unico de Accionistas, un proyecto que intenta controlar la constitución paralela de sociedades comerciales en la Capital Federal y las provincias con los mismos accionistas y deduciendo por rubros similares, lo que obviamente genera bolsones de evasión.
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