Por Pablo Ceballos*.- Asistimos a un capítulo definitorio sobre un problema que, hasta hace dos años, resultaba marginal, y hoy amenaza con desarmar el complejo y exitoso proceso de desendeudamiento y reestructuración de deuda que llevó adelante la Argentina en 2005 y 2010.
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La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha ratificado una sentencia de instancias inferiores, que tiene muchas implicancias más que los u$s 1.500 millones que se ordena pagar. Los efectos y consecuencias que pueden tener para nuestro país, deben ser analizados y medidos con extrema prudencia por todos los actores políticos, económicos y sociales.
La decisión más simple sería pagar la sentencia, en un único pago y en efectivo. Aunque resulte injusto y costoso para las reservas y las finanzas públicas, es algo que Argentina podría hacer. Esa cifra representa el 15% del superávit comercial argentino en 2013 (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones). Sin embargo, ¿qué pasaría al día siguiente? ¿o durante la próxima semana? El litigio con el fondo NML se cerraría, pero automáticamente habría presentaciones similares, no ya por u$s 1.500 sino por u$s 15.000, según estimaciones del Ministerio de Economía, por parte de los tenedores de bonos que no entraron a los canjes de deuda, y que todavía no iniciaron juicios.
Esas presentaciones no seguirían el largo recorrido judicial que siguió la sentencia confirmada por la Corte, sino que, al tratarse de una cosa juzgada, su trámite sería corto y expeditivo. En ese caso, probablemente en septiembre y octubre de este año, estaríamos ante la misma disyuntiva que ahora, pero en este caso debiendo enfrentar un posible pago de u$s 15.000 millones. En uno y otro caso se estarían dejando las reservas del Banco Central en u$s 12.000 millones, casi la misma cifra con la que Néstor Kirchner asumió su presidencia en 2003. Ese escenario nos pondría en fuertes tensiones cambiarias sobre el precio del dólar y casi al borde de una crisis sistémica, de las que ya conocemos los argentinos.
Pero supongamos que decidimos correr el riesgo, pagar los u$s 16.000 millones (lo que representa un 177% del superávit comercial argentino de 2013 y cerrar el pleito. ¿Qué pasaría? En pocos meses, se iniciarían múltiples demandas de los bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, reclamando cobrar en la misma situación que los fondos buitres. Ello nos costaría reclamos estimados por más de u$s 100.000 millones de dólares, una cifra más alta que todas las exportaciones argentinas de un año. En este caso, este monto litigioso representa 1100% del saldo comercial argentino de 2013.
Para ejemplificar cuanto significan esos números para el país, representémoslo como cantidad de tiempo del superávit comercial local. En 2013, Argentina tuvo u$s 9.000 millones de superávit. Pagarle al fondo NML que acaba de ganar el juicio en Estados Unidos representa poco menos que dos meses de aquel superávit. Pagarle a todos los fondos buitres o holdouts, equivaldría a casi dos años de saldo comercial. Hacerlo con todos los bonistas que aceptaron el canje con reducción en la deuda, perjudicados si le pagáramos voluntariamente el 100% a los buitres, representaría más de 11 años de superávit comercial. Si hoy el campo reclama por las retenciones a las exportaciones, prácticamente habría que expropiar todas las cosechas durante 11 años para pagar los desaguisados de la Justicia estadounidense, que resolvió desconocer un adecuado y exitoso canje de deuda al cual se adhirieron más del 92% de los acreedores.
Argentina quiere poner en orden esta situación, pero afrontar semejante contingencia económica resulta de imposible cumplimiento. Como ha señalado Néstor Kirchner, "los muertos no pagan". No se trata de no pagar, se trata de establecer condiciones para que ese pago pueda efectivamente cumplirse, sin que esas condiciones nos generen juicios billonarios de otros bonistas con los que, hasta ahora, no hay litigios.
La otra opción es no cumplir la sentencia de la Justicia estadounidense, y no pagarle a los fondos buitre y demás holdouts. Tampoco es una opción grata para nuestro país ni para el Gobierno. Argentina quiere estar en orden con el mundo y en sus relaciones internacionales. Es insensato conducir al país a la insolvencia por una sentencia inflexible, que no deja espacios para poder cumplir. La salida no es difícil para el juez; se deben establecer mecanismos que no expongan a la Argentina a nuevos juicios multimillonarios. El 93% de los bonistas aceptaron quitas y extensión de plazos. El Club de Paris aceptó una tasa de interés baja y 5 años de plazo. Repsol, por citar otro ejemplo de acuerdo de pago reciente, acordó recibir bonos a 10 años de plazo. Hasta ahora, los únicos que no aceptan ningún tipo de negociación son los fondos buitre y los fallos de la justicia de Estados Unidos.
* Integrante del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
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