Impactó ayer en el gobierno y en Washington el adelanto de este diario de la carta de intención que el gobierno negocia con el Fondo Monetario. A primera hora, Roberto Lavagna interiorizó al Presidente del detalle de las negociaciones -Duhalde no había sido informado sobre el texto completo de la misma- y se analizaron las medidas necesarias para cerrar el nuevo entendimiento. La difusión del borrador aceleró decisiones: el aumento de tarifas de los servicios públicos ya está decidido, aunque entraría en vigencia en diciembre. Pese a que el documento de las negociaciones con el FMI señala que el aumento será de entre 20% y 30%, Lavagna salió a aclarar que no afectará a la mitad de los usuarios de la energía eléctrica ni a 25% de los de gas. Evitó mencionar el ministro porcentajes de aumento, aunque está claro que para las empresas será del orden pedido por el Fondo Monetario y más cercano a 30%. El ajuste necesario para cumplir con el FMI es de $ 2.000 millones para el gobierno nacional y de $ 1.000 millones en el conjunto de las provincias. En Washington, ayer hubo reuniones fuera de agenda encabezadas por John Thornton, encargado del caso Argentina. La hábil gestión de Guillermo Zoccali, representante argentino ante el organismo, evitó que las acusaciones mutuas entre funcionarios de Economía y del FMI por la filtración del documento perjudicara las negociaciones. A última hora, el Ministerio de Economía emitió un comunicado señalando que lamenta la «filtración del documento» y que no hará comentarios hasta tanto no se difunda el texto en forma oficial. Con el mismo tenor, el FMI se aprestaba a dar un comunicado de prensa anoche.
La difusión, ayer, por este diario de la carta de intención que el gobierno argentino se apresta a firmar con el Fondo Monetario provocó reuniones de urgencia en el equipo económico y en Washington por la importancia del documento y las medidas que contiene. Al cierre de una tensa jornada, el Ministerio de Economía salió a difundir un comunicado (ver recuadro) en el que lamenta «la filtración» y evita realizar comentarios sobre el mismo.
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Sólo la hábil gestión de Guillermo Zoccali en Washington evitó que el conocimiento del borrador de la carta de intención generara consecuencias en la relación de la Argentina con el FMI. Zoccali es representante argentino dentro del organismo y sobrelleva ya varios cambios de ministros de Economía y presidentes sin haber sido removido de su puesto, producto de su experiencia en el área y sus aceitados contactos con el management del FMI.
El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, debió cancelar las audiencias previstas e, iracundo, comenzó a buscar culpables de la difusión del documento. Al mismo tiempo, pese a que figura dentro del texto que Economía reconoce como veraz, Roberto Lavagna salió a desmentir la posibilidad de que haya un aumento de entre 20% y 30% en las tarifas de los servicios públicos. Políticamente, era indefendible para el ministro convalidar ello, dado que siempre admitió que se permitiría 10% de incremento. La postura del FMI es clara en este sentido.
También por la mañana, la reunión del ministro con Eduardo Duhalde tuvo como eje la negociación con el FMI, dado que el detalle de los puntos del acuerdo no había sido comunicado al Presidente. El Banco Central también vio alterada su actividad dado que gran parte del documento revela medidas poco conocidas por el directorio, como la compensación a entidades financieras por la aplicación del CER en forma asimétrica y los amparos que debieron pagar los bancos a ahorristas. Allí también la gestión de Zoccali fue fundamental para explicar el estado de las negociaciones.
El Fondo Monetario, ayer por la tarde, se aprestaba a dar a conocer un comunicado -ya estaba redactado, según confesó un integrante del organismo-similar al difundido en Economía, reconociendo la «leakage», o filtración, de la carta de intención, pero declinando hacer comentarios sobre negociaciones que aún no han concluido. Incluso el FMI, en su comunicado, se aprestaba a destacar que en los últimos 15 días ya se habían efectuado varias declaraciones sobre el real estado de las conversaciones con el gobierno argentino. Zoccali mantuvo reuniones con los técnicos del organismo para analizar la estrategia a llevar adelante.
Por la tarde, Lavagna efectuó declaraciones radiales. Señaló que un eventual aumento de tarifas demandará «no menos de 40 días» y que quedará exceptuada la mitad de los usuarios de la energía eléctrica y 25% de los de gas. «Desde el Ministerio de Economía consideramos que ahora sí están dadas las condiciones» para un ajuste de tarifas, destacó. Para llevar adelante este reajuste, «iniciamos un proceso previo de consultas públicas y demás. Este proceso demandará no menos de 40 días. Espero que no hablemos de aumentos de tarifas durante esos 40 días», aseguró.
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