Servicios públicos: dicen que congelarán tarifas por 90 días

Hasta ayer, el nuevo gobierno no había establecido contactos con las empresas privatizadas de servicios públicos, y la impresión es que no llegará a hacerlo antes de los anuncios de mañana. Se cree que dada la urgencia por definir el plan económico, el gobierno de Eduardo Duhalde optaría por anunciar mañana un congelamiento de las tarifas por 90 días, para después tomarse ese plazo para negociar con las compañías nuevas condiciones contractuales que modifiquen la actual dolarización de las tarifas.

Las tarifas de los servicios públicos esenciales -luz, gas, agua y telefonía fija- están expresadas en pesos, pero según los contratos de concesión, se determinan en dólares, y se actualizan dos veces al año por índices de precios de EE.UU.

El primer interrogante que plantea una devaluación es si el gobierno de Eduardo Duhalde tendrá poder político para desdolarizar las tarifas. Aunque no había la crisis actual, la administración de Fernando de la Rúa, apenas electo, con todo el respaldo de los sufragios, se propuso derogar el sistema de indexación de las tarifas por precios de EE.UU. por inflación local, y no lo logró. Sólo obtuvo polémicos acuerdos con las empresas de gas y de la telefonía fija por los que se compensaba el ajuste por inflación norteamericana a futuro en el primer caso o con la rebaja anual obligatoria en el segundo. Ahora ambos temas están cuestionados en la Justicia, con fallo adverso de segunda instancia contra los acuerdos de las compañías con el Estado.

• Plazo exiguo

El congelamiento unilateral de las tarifas sería la única posibilidad de Duhalde de parar el traspaso de la devaluación a las tarifas. Pero después se abre un período de 90 días para renegociar todos los contratos, lo que implica un plazo muy exiguo considerando el tiempo que normalmente demandan este tipo de revisiones, debido a la cantidad de organismos que deben intervenir.

Además la renegociación tiene distinto contenido según el servicio de que se trate. En el caso de la electricidad, el gas o el servicio de agua y cloacas, la revisión puede incluir una reducción de las inversiones y de los requisitos de calidad y servicio a cubrir. En la telefonía fija, en cambio, ya no hay inversiones obligatorias, aunque una renegociación podría afectar la prestación del servicio en las áreas deficitarias del interior del país.

Según los voceros empresarios, en cualquier caso, aun con la previsible reducción de inversiones, las empresas exigirían que se les compense la devaluación al término de los 90 días, aunque sea con aumentos escalonados, y que después se fije un mecanismo de indexación que considere los precios internos y el tipo de cambio.

La reacción es distinta frente a la situación según la empresa. Los más duros afirman que si no hay acuerdo en la renegociación, la única salida será ir a juicio y retirarse de la concesión. En el otro extremo, hay quienes dicen que «la apuesta en la Argentina es a largo plazo». Y por último, todos coinciden en que si tienen que pagar créditos en dólares y las tarifas se desdolarizan, los resultados serían negativos.

La situación más crítica es la de la telefonía celular. Esta no se considera servicio público y las facturas están directamente expresadas en dólares. Sin embargo, la retracción de la demanda en los últimos dos años, en cuanto a la reducción de los clientes pospagos y el menor consumo de los que usan tarjetas prepagas, harían difícil trasladar a tarifas todo el impacto de la devaluación. Como estas empresas vienen dando pérdida o apenas equilibrio desde 2000, el resultado podría ser la desaparición de algunas de las compañías existentes y una mayor concentración de la oferta.

Pero por otra parte, el precio que paga el usuario de telefonía fija por llamar a un celular, depende de la tarifa promedio de las compañías de móviles, y está fijado por éstas. Por consiguiente, como este valor no entra dentro de lo que se llama servicio público, porque no es telefonía fija, sino precio del «tiempo de aire» por llamar a un celular, las compañías de móviles podrían tratar de cubrirse con la dolarización de la tarifa «paga el que llama», lo que impactaría fuertemente en las facturas telefónicas, aun mientras dure el congelamiento.

En algunas compañías, ya habían recibido una invitación de miembros del gabinete del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá para empezar a conversar, y afirman que ahora están esperando lo mismo de los nuevos funcionarios. Otras, en cambio, dicen que ni con el anterior gobierno ni con éste hubo contactos y creen que cuando los haya será a nivel de los accionistas extranjeros, y no de los ejecutivos locales. Con todo, aun a nivel de las casas matrices no se notaría predisposición para un cambio en la ecuación económica de los contratos. La apresurada visita que hizo el canciller español, Josep Piqué, la semana pasada, lo confirma.