Demandan a dos SGR por maniobras fraudulentas que superarían los $12.000 millones

Intergarantías e Interavales fueron demandadas ante la Justicia Penal Económica por "omisión fraudulenta de la información y balances falsificados". Más allá de la carátula, los damnificados creen que se trata de una "estafa" multimillonaria.

Las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) Intergarantías e Interavales fueron demandadas ante la Justicia Penal Económica. Se las acusa de un fraude financiero multimillonario que incluye omisión de información y falsificación de balances. Según los damnificados, las SGR avalaron cheques y pagarés sin fondos de empresas que repetían su composición societaria y “prácticamente no tenían actividad”, por lo que fueron catalogadas como “fantasmas”.

Según fuentes de la investigación, la maniobra habría involucrado unos $12.000 millones. Las compulsas preliminares señalan que se otorgaron avales por $5.550 millones cuando el límite sólo podían hacerlo por $90 millones. Un importante Fondo Común de Inversiones confirmó a este medio que hasta el momento no pudo recuperar el capital ni los intereses.

La querella fue presentada por el abogado Agustín Esnal que representa a dos personas físicas y otras dos jurídicas presuntamente damnificadas. La causa tramita en el juzgado Penal Económico N° 9 a cargo del juez Javier López Biscayart. Según explica el letrado, las penas que les podrían caber a los implicados, en caso de que sean encontrados culpables de la “omisión fraudulenta de la información” y “balances falsificados”, alcanzan los seis años de prisión.

Las sociedades denunciadas ya habían sido suspendidas por Bolsas Y Mercados Argentinos SA (BYMA) en junio de 2022, cuando se detectaron cheques impagos por montos superiores a $500 millones. Esos instrumentos fueron emitidos y cambiados en el mercado por empresas que los damnificados consideran “fantasmas”, ya que tenían poco tiempo de existencia, nula actividad comercial, no contaban con empleados y repetían su composición societaria.

Las SGR se negaron a cubrir los instrumentos avalados y dejaron de pagar intereses o restituir los aportes a sus inversores. Luego de una serie de intentos de los acreedores de avanzar con el recupero, a finales del mes pasado Intergarantías presentó ante el Juzgado Comercial 17 el Concurso Preventivo de Acreedores cuya apertura todavía no se ordenó. Por lo que todas las acciones de contenido patrimonial quedaron suspendidas.

“Las PyMEs invertimos en las SGR porque están reguladas por el mercado y el Estado. Con la estafa que sufrimos muchas empresas perdimos gran parte de nuestro capital. En algunos casos el daño patrimonial pone en duda la continuidad de las firmas”, explicó a Ámbito un empresario que aún no pudo recuperar su inversión y que además se encuentra frente a la curiosa situación de que el fisco le reclama el pago de ganancias por un interés que nunca cobró.

La maniobra

Según las fuentes consultadas por Ámbito, la maniobra se desarrolló a través de varias firmas sin actividad comercial ni empleados que obtenían el aval de las SGR demandadas para librar cheques e instrumentos financieros que luego los canjeaban en el Mercado de Valores con una tasa de descuento. Al contar con la garantía, el mercado les entregaba dinero en efectivo a esas empresas “fantasma” esperando cobrar los cheques a su vencimiento.

Como estaban avalados, los cheques debían ser cubiertos por la empresa libradora o por las SGR. Sin embargo, a partir de junio de 2022 todos los instrumentos financieros comenzaron a ser rechazados por no tener fondos y tanto Intergarantías como Interavales se negaron a responder por ellos, a pesar de estar legalmente obligadas.

Los denunciantes consideran que el exceso del límite operativo y las irregularidades de los avales fueron “silenciados deliberadamente por las autoridades de las SGR, los síndicos, el auditor externo y por la calificadora de riesgo que en julio de 2021 otorgó a las involucradas una calificación de “A+”.

El dolo

La sospecha de los damnificados es que la conducta de las SGR y de las libradoras no es solo culposa, sino también dolosa. Según la querella, un conjunto de “sociedades familiares y grupos de amigos” concentraron el grueso del riesgo de las dos firmas, más de $5.200 millones.

De un detallado análisis societario al que pudo acceder este medio, surge que ocho empresas avaladas por unos $2.000 millones comparten la composición societaria. Lo único que varía es el rol que cada uno ocupa en el directorio. Un dato no menor es que, en este primer grupo, los apellidos se repiten: son familiares.

Un segundo conjunto, con similares características, repitió composición societaria en seis oportunidades y concentró más de $1.7000 millones. Luego, figura otra familia que consiguió avales para tres firmas por más de $760 millones pese a “casi no registrar actividad de ningún tipo”.

Este conjunto de irregularidades es el que hace sospechar a los denunciantes que el objetivo nunca fue obtener financiamiento para pequeñas y medianas empresas, sino que el negocio era captar los fondos para luego incumplir con sus obligaciones. La caída de estas dos SGR afecta a decenas de pymes, ahorristas e instituciones que habían invertido fondos, los cheques sin cobrar perjudican además al mercado financiero en su conjunto.