21 de julio 2003 - 00:00

Sigue demorado decreto eléctrico

Antes de viajar a EE.UU., el presidente Néstor Kirchner debería firmar el decreto que otorga un préstamo del Tesoro por 150 millones de pesos a Cammesa, la empresa controlada por la Secretaría de Energía, que maneja el despacho eléctrico. El dinero debería estar girándose la semana próxima para que Cammesa pueda pagar a las generadoras el 8 de agosto.

Cammesa necesita para los vencimientos de ese día 53 millones de pesos, ya que el resto -hasta totalizar unos 250 millones mensuales-proviene de lo que pagan las distribuidoras y los grandes usuarios. Pero, hasta diciembre, si no suben las tarifas, la necesidad de financiamiento superaría los 300 millones.

• Consecuencias

Si el gobierno se apegara a la idea de que el préstamo es un subsidio más a privatizadas y el decreto no fuera firmado, podría haber consecuencias serias en el abastecimiento eléctrico. «Si se continúan rompiendo las reglas de juego -dijo un experto en energía-y ni siquiera se pagan los costos variables para producir energía, el daño podría ser grande: algunas generadoras podrían dejar de generar o dejarían de declarar costos porque, con Cammesa en virtual default, nadie puede obligar a que se cumpla la ley de marco regulatorio.»

Cammesa tiene en el invierno, cuando la energía es más cara porque el gas natural debe reemplazarse en los días más fríos por combustible líquido, un fondo de reserva. Es lo que se llama fondo de estabilización, y se constituye con el excedente recaudado por Cammesa, cuando la energía está más barata.

Para que el esquema funcione, la Secretaría de Energía, ahora a cargo de Daniel Camerón, debe fijar trimestralmente un precio «estacional» de la energía que luego las distribuidoras trasladan a los usuarios. Como el precio estacional se mantuvo congelado en agosto y noviembre de 2002, y en febrero y mayo de este año, Cammesa se consumió el fondo (200 millones de pesos) antes de que llegara el invierno, y ahora no tiene con qué afrontar los pagos.

La situación estaría causando malestar en Energía y en el Ministerio de Planificación, porque ahora el aumento en el precio estacional deberá ser de 42%, lo que, si se llevara a tarifas en términos promedio, significaría una suba de 14%. De todas formas, el actual gobierno sigue estudiando aumentos diferenciales por tipo de usuario.

• Apropiación

En los propios despachos oficiales, se afirma que, «con el argumento de no golpear a los que no pueden pagar, sectores exportadores y grandes comercios e industrias se apropiaron de parte de la renta energética». Se dice que para una gran industria el costo en luz y gas representaba de 12% a 15% antes de la devaluación, y ahora está en 3% o 4% del total de costos.

Como el precio estacional de la energía no es una tarifa regulada, ni depende de un contrato de concesión, si hubiera subido el valor, no habría habido trabas judiciales, porque este tema no está dentro de la Ley de Emergencia. Por eso, hay quienes atribuyen a Eduardo Duhalde, e incluso al ministro Roberto Lavagna, cierta intencionalidad de beneficiar a algunos sectores industriales.

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