La relación entre el gobierno y la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP) entró ayer en directa colisión, cuando las empresas de esa organización rechazaron abiertamente la propuesta de reforma del sistema previsional propuesta por la ministra de Trabajo, Graciela Camaño. Según un comunicado de la UAFJP, esta propuesta de la administración de Eduardo Duhalde constituye «apropiación indebida» de los ahorros de los trabajadores y criticaron que «un gobierno de transición» intente una modificación profunda del sistema de jubilaciones.
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Para llevar a cabo el proyecto, el gobierno designó una Comisión de Expertos de la cual la UAFJP aceptó participar, con la condición de que se trabaje por consenso para mejorar el sistema, basándose en las conclusiones de organismos internacionales y de estudios técnicos previos. Para Carlos Peguet, de la UAFJP, «la discusión era de consenso, de trabajo de mediano a largo plazo, de discusiones que iban a tener apoyos técnicos, pero nos enteramos de un planteo absolutamente conceptual, sin respaldos, sin consensos, y al cual nos oponemos terminantemente».
Por su parte, el director de la entidad, Fernando De Iliana, expresó que «el gobierno de transición no debería estar metiéndose en temas de reforma estructural» ya que «sabemos muy bien las cosas que hay que modificar en el sistema y no requieren un cambio total de la legislación, como se pretende». Peguet afirmó, por su parte, que se «pretende volver atrás con una reestatización del sistema, ya que en definitiva se plantea un corte horizontal de los aportes donde obligatoriamente pasan a formar parte de un pilar obligatorio estatal, y donde se desconoce la voluntad que manifestaron unos 9 millones de personas». En ese sentido, el directivo aclaró que «no es un tema económico sino ético, porque se le prometió a la gente un cierto nivel de prestaciones dignas y mejores que las del Estado». Por último, los directivos coincidieron en que la iniciativa oficial es «perjudicial», y alertaron a los afiliados en que «esto supone un cambio estructural en la reforma de 1994», que consagra la propiedad de los aportes en manos de los afiliados. Según el titular de la UAFJP, «compartimos la necesidad de mejorar la cobertura del sistema de seguridad social financiando el Estado, por rentas generales, una prestación asistencial para los argentinos que, llegados a su vejez, no hayan logrado un ahorro suficiente para obtener una jubilación digna».
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