Solá regula peajes

El gobierno bonaerense implementó un nuevo marco regulatorio para las empresas concesionarias de los peajes en las rutas 2 y 11, que prevé la posibilidad de no prorrogar los contratos a su vencimiento y el cese de la concesión por incumplimiento.

También se dispuso que las empresas no tendrán libre disponibilidad de los fondos obtenidos, porque una parte de lo recaudado por la tarifa de peaje integrará un fideicomiso destinado a la realización de obras que deberán concretarse a través de licitaciones públicas.

El ministro de Obras Públicas provincial, Raúl Rivara, explicó que, por el nuevo marco legal, «estamos determinando que la tarifa debe ser la resultante del mantenimiento y operación de las rutas 2 y 11», cuyos contratos vencen en 2011 y 2012, respectivamente.

El funcionario admitió que la provincia «no estaba conforme con los contratos ya firmados con las prestatarias», y dijo que esta situación «hizo que readecuáramos los contratos en el marco de un nuevo plan regulatorio».

Para reformular la política aplicada a las concesionarias de las rutas 2 y 11, el gobernador Felipe Solá aprobó por decreto un informe elaborado por una Comisión de Adecuación de Contratos de Concesiones Viales.

En ese documento, se fundamentó la necesidad de reformular las reglas de juego en los corredores viales «porque, cuando el concesionario no alcanza los beneficios esperados, acude a la administración pública de turno, exigiendo modificaciones en el mandato original del contrato de concesión».

«Y si no logra los cambios esperados, con seguridad no cumplirá con las obras que, como objetivo primordial, se tuvieron en cuenta en el momento de la privatización», destacó el informe. La comisión remarcó que la experiencia nacional e internacional «ha demostrado que el diseño regulatorio muchas veces ha fallado en perjuicio del Estado, que no ha podido garantizar correctamente la transferencia de riesgos al sector privado, elemento clave a ser considerado en el momento de establecer los principios regulatorios que faciliten la acción del Estado cuando existen incumplimientos de los contratos». Entonces, para la provincia, los nuevos contratos deberán dividir el recurso tarifario destinado a operación y mantenimiento del destinado a obra y expansión.