Suba de recaudación aún no alcanza

El gobierno festeja que la recaudación aumenta fuerte y eso le permite mostrar superávit primarios crecientes a pesar de que el gasto primario está subiendo desde mediados de año. Para saber cómo evolucionará la recaudación es bueno que entendamos por qué está incrementándose.

Si tomamos noviembre, los ingresos tributarios aumentaron en términos nominales 44,8% respecto del mismo mes de 2001. Sin embargo, sólo por el «impuestazo» que este mismo gobierno instrumentó (retenciones a las exportaciones, no deducibilidad del gravamen a las transferencias financieras, etc.) debió incrementarse 26,8%, y por el impuesto inflacionario, otro 27%. Esto significa que la recaudación en términos reales cayó 9%. Si bien es una desaceleración de la caída, aún siguen siendo variaciones reales negativas.

Si tenemos en cuenta que se espera que el nivel de actividad empiece a recuperarse a principios de 2003, lo mismo debería ocurrir con la recaudación real. A esto debe sumársele que un nuevo gobierno que dé verdadera estabilidad política y económica al país generará mayor certidumbre sobre el futuro, lo que aumenta la preferencia por pagar impuestos. Así es que puede esperarse un aumento importante de la recaudación real sobre la que se montarán los fuertes incrementos debidos al impuestazo y la inflación, los que persistirán hasta que se reacomoden los precios relativos.

Esta perspectiva de alta recaudación permite pensar por primera vez en mucho tiempo en la posibilidad de encarar una verdadera reforma del sistema impositivo. Por ello, con el Movimiento Obrero con Propuestas presentamos un programa de gestión económica para un futuro gobierno del Dr. Carlos Menem que pretende gestar un cambio revolucionario en términos de las relaciones fiscales entre las provincias y Nación, la simplificación del sistema tributario y la disminución de la presión impositiva.

• Eliminación

A nuestro juicio, se debe partir de la total eliminación del actual sistema de Coparticipación Federal de Impuestos. Este ha demostrado generar incentivos perversos en la administración de las finanzas provinciales, por la falta de correspondencia entre el beneficio del gasto y el costo político de recaudar y determinar los impuestos con que se financia. De esta forma, con recursos fiscales de bajo costo de adquisición para las provincias se facilita su uso en «clientelismo político» en vez de propender al desarrollo y bienestar económico de las provincias.

Por ello, proponemos sustituir la coparticipación de recursos por una coparticipación del gasto. Este sistema es más legítimo, pues toma en cuenta el hecho histórico fundamental de que son las provincias las que dieron origen al Estado Nacional, justamente (y exclusivamente) para que administre aquellos temas que se consideran comunes a todas ellas. El funcionamiento de este sistema es similar al que utiliza el administrador de un edificio de consorcio, quien cobra expensas para ocuparse de los espacios comunes. Del mismo modo, se puede instrumentar un sistema en el cual el Congreso de la Nación determine anualmente el nivel del gasto nacional y la distribución del pago mensual a realizar por cada provincia. El Estado Nacional tendrá prioridad para cobrar este pago sobre la recaudación tributaria, la que será recuperada plenamente por las administraciones provinciales, que se convertirán en los nuevos responsables de la determinación y recaudación tributarias.

De esta forma, cada vez que las administraciones provinciales quieran gastar un peso más deberán analizar el costo político de pedírselo al contribuyente. Además, tendrán incentivos a desarrollar la producción en sus provincias, ya que todos los impuestos que recauden quedarán para ellas. Los gobernadores serán los principales interesados en controlar en qué y cómo se gasta cada peso a nivel nacional, ya que será un peso menos del que podrán disponer.

• Beneficio

También se propone mantener la recaudación en una Administración Federal Impositiva, cuyo directorio sea conformado por las provincias. De esta forma, se mantiene el beneficio del control centralizado en la lucha contra la evasión.

El esperado incremento de la recaudación permitirá hacer este cambio con bajo riesgo para el erario provincial. Además se propone romper con la premisa histórica de la Argentina, según la cual cuando viene la época de las «vacas flacas» se aumentan los impuestos para sostener el gasto, y cuando vienen las «vacas gordas» se despilfarran todos los aumentos de recursos. Se propone volcar buena parte del futuro aumento de ingresos tributarios a la baja de impuestos. La prioridad pasa por eliminar los más distorsivos e ineficientes.

En ese sentido, dado el objetivo primario de incentivar la creación de puestos de trabajo, se sugiere eliminar a partir del 1 de junio de 2003 todos los impuestos al trabajo para los nuevos empleados. Además, a partir del 1 de julio de dicho año, los que actualmente pagan las empresas sobre los trabajadores ya empleados se transformarían en una suma fija y en un subsidio no remunerativo al empleado, incrementándole el sueldo hasta en 25%. En lugar de pagarle las contribuciones patronales al Estado y que éste se las dé al trabajador, el empleador deberá depositárselas directamente en su cuenta sueldo, con las mismas penalidades por no abonarlos que si hubiera evadido el pago de la contribución.

Dado que el IVA sería íntegramente transferido a las provincias, a cambio se les exigiría que eliminen el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este último distorsiona los precios relativos de la economía al cargarse en cada etapa de producción, genera ineficiencia en la asignación de recursos y en la producción y es de difícil cobro y control. Por ello, es preferible priorizar su eliminación antes de la disminución de la alícuota del IVA, el que no genera problemas en la economía y es de más fácil control y cobro. Las propuestas de bajar la alícuota del IVA en realidad se basan en la demagogia, ya que es más atractivo políticamente.

También se bajarían gradualmente las retenciones a las exportaciones y se iría haciendo deducible el impuesto a las transferencias financieras. Ambos gravámenes son sumamente ineficientes y distorsivos. Además, en un lapso de no más de dos años, las provincias deberán eliminar los impuestos a los sellos.

Según las estimaciones conservadoras realizadas, si no se hace ningún cambio impositivo, es esperable que la recaudación crezca más de 30% durante los próximos dos años y alrededor de 15% en los siguientes tres. En este marco, los objetivos propuestos para lograr un sistema tributario y de relaciones fiscales entre las provincias y Nación más justos y eficientes son factibles de alcanzar, si se mantiene controlada la expansión del gasto, manejándolo eficientemente.