Suben impuestos a la venta de alcohol

Los comercios que quieran vender bebidas alcohólicas deberán pagar un «canon preferencial» -una especie de impuesto- si avanza una propuesta del gobierno bonaerense diseñada para atacar el consumo de alcohol, en el marco del plan de shock contra la inseguridad.

Ayer, en un encuentro con intendentes del conurbano, Felipe Solá detalló ese modelo que, además de una mayor presión fiscal sobre los comercios dedicados a la venta de alcohol, prevé potenciar el control y fijar un régimen especial de habilitación de los mismos.

Como el control y la habilitación de los locales que venden bebidas depende de los municipios, Solá buscó el guiño de los jefes comunales del Gran Buenos Aires para darle el empujón final a su plan. «El apoyo fue unánime», dijo un funcionario que participó de la reunión.

En concreto, la intención de multiplicar la presión fiscal sobre el alcohol tiene dos ejes: por un lado, imponer un canon especial a los comercios y, por otro, impulsar una ley nacional para aumentar el impuesto a las bebidas de menor tenor alcohólico, por ejemplo la cerveza.

Pero, aclaran en La Plata, el objetivo no es tributario -para recaudar más- sino de «control social»: para dificultar la proliferación de comercios dedicados a la venta de alcohol. Como un rezo, Solá repite que es inconcebible que «un litro de cerveza sea más barato que un litro de leche».

Durante la segunda gobernación de Eduardo Duhalde se aplicó una ley, la 11.825, que prohibió taxativamente la venta de alcohol a menores de 18 años y en locales como quioscos, polirrubros y estaciones de servicio, entre otros. De todos modos, actualmente, es usual que esos comercios vendan bebidas.

-«Se hacen muchas piruetas para trampear la ley», afirmó Claudio Mate, subsecretario de Lucha contra la Adicciones, para explicar por qué la ley vigente no alcanza para impedir la venta a menores de edad y en esos comercios.

Por eso, además de incrementar la presión impositiva, la provincia quiere potenciar el mecanismo de control otorgando esa facultad no sólo a los municipios, como ahora, sino también directamente a la Policía.

En esa línea, Solá quiere avanzar sobre la legislación nacional: prohibir la publicidad de alcohol en horario de protección al menor, impedir que se usen figuras deportivas en esos avisos y dar rango de delito penal -hoy es contravención- a la venta de alcohol a menores de edad.

«El objetivo de fondo es que, como hicieron las tabacaleras, las compañías productoras de alcohol modifiquen el nicho a quien dirigen la venta que hoy está orientada a menores de edad», dijo un funcionario que participó en el diseño del plan bautizado Ley Seca.

Exponen algunos datos: 25% de los jóvenes de entre 14 y 30 años tienen problemas de consumo de alcohol «no responsable», y en 60% de los delitos penales aparece, como factor de incremento de la violencia, el consumo de bebidas alcohólicas.

Por eso, el gobierno incluyó el capítulo alcohol dentro del plan general diseñado para frenar la escalada delictiva que padece Buenos Aires. Y en los próximos días, Solá presentará públicamente su proyecto.

Para buscar apoyo político, junto al ministro de Gobierno, Federico Scarabino; el jefe de Gabinete, Florencio Randazzo, y el subsecretario de Lucha contra las Adicciones, Claudio Mate, Solá explicó ayer su programa a los intendentes del PJ y la oposición del Gran Buenos Aires.

Un rato antes, había enviado a la Legislatura el paquete de medidas para otorgar mayores facultades a fiscales y jueces de paz, y dar atribuciones a gendarmes y prefectos para intervenir en territorio provincial. bidas.

Esta tarde, esas iniciativas -que fueron como decreto pero ayer mutaron en proyectos de ley para evitar cuestionamientos judiciales por supuesta inconstitucionalidad- serían votados, en la medida que la oposición acepte aportar los 2/ 3 necesarios para tratar temas fuera de la orden del día.