La Cámara de Diputados retomará mañana el tratamiento en el recinto del proyecto más polémico que integra el paquete Antievasión II: la ley que otorga mayores facultades a la AFIP para combatir la evasión previsional. Mas allá de los problemas políticos que tiene hoy el peronismo, la iniciativa tiene resistencias claras dentro y fuera del PJ y, aunque ya se han introducido múltiples modificaciones a lo pedido por Roberto Lavagna, hay quienes insisten en que la ley una vez aprobada podría sufrir declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Justicia. De todas formas, el proyecto casi con seguridad se terminará de votar después que en la sesión pasada sólo pudo aprobarse en general. El debate será largo y las modificaciones propuestas superan la docena, pero el duhaldismo tiene la orden de su jefe de no obstruir ninguna iniciativa que haya pedido el gobierno, intentando desvirtuar así que sean partícipes del denunciado plan de desestabilización.
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Desde lo doctrinario, tanto el radicalismo como el ARI sostienen que es imposible pretender aplicar el «principio de realidad económica» en materia previsional. «Nadie puede cuestionar la importancia que tiene generar mecanismos para luchar contra el trabajo en negro, no se discute el objetivo; pero hay facultades que se están otorgando al organismo recaudador que pasan de la línea», define Horacio Pernasetti, jefe del bloque radical. Junto con esos cuestionamientos hay otros que también son esgrimidos por algunos peronistas:
• El 80% de los empleados hoy dependen de las pymes y con esta ley se están habilitando presunciones para que la AFIP trabaje directamente sobre ese sector con poderes nunca vistos.
• Se considera jurídicamente peligroso trasplantar el derecho tributario completo -como se hará ahora con la Ley de Procedimiento Tributario- al derecho previsional en materia de determinación de deudas o evasión. «No es lo mismo el delito por no ingresar aportes retenidos cuando se actúa de oficio, que cuando el hecho se consuma tras haberse quedado el empresario con la retención, pero sabiendo el monto exacto», se argumenta.
Desde la conducción del bloque peronista se argumenta que el procedimiento no es tan tajante y que quedarán resguardadas las garantías de defensa al contribuyente y los suficientes pasos administrativos y judiciales como para que quien se encuentra investigado por no haber presentado declaraciones precisas sobre la situación de sus empleados pueda demostrar que la deuda determinada por la AFIP no es tal.
• Las presunciones que se otorgan a la AFIP están en el centro de las críticas. Por ejemplo, cuando para efectuar estas determinaciones no se cuente con información ni datos precisos, la AFIP podrá efectuar las estimaciones de oficio sobre la base de parámetros e indicadores similares a los de otros empleadores de la actividad, región o empresa.
• Tan grave es también que siempre que haya una prestación personal de trabajo a un tercero, la AFIP presumirá que existe contrato de trabajo y, por ende, relación de dependencia entre ese trabajador y el tercero.
