El gobierno de Cristina de Kirchner continúa demorando una decisión sobre el ingreso de Telefónica de España en la sociedad controlante de Telecom Italia. Para que esa postergación no afecte el statu quo, la Secretaría de Comunicaciones envió una nota a Telecom Italia para que se abstenga de cualquier acto de transferencia de sus acciones o de sus derechos de compra en Telecom Argentina, y de cualquier hecho que afecte al mercado local de telecomunicaciones.
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La operación a nivel internacional se concretó en noviembre del año pasado y tiene trascendencia particular para nuestro país por el elevado nivel de participación de ambas empresas en el mercado local de telecomunicaciones (98% en telefonía fija y más de 70% en móvil e Internet).
La decisión, que deberá emitir la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se mezcló con un problema entre los accionistas de Telecom Argentina. Telecom Italia acusa al socio local, los Werthein, de pretender un precio superior por las acciones de la compañía local que tiene en su poder, y de no querer cumplir los términos de la opción de compra que adquirieron los italianos en el mismo momento en que los W compraron su parte a France Telecom.
Por su parte, los W aseguran que el ingreso de Telefónica de España en Telecom Italia desvalorizará a Telecom Argentina, porque le restará independencia con respecto a su principal competidor.
Si Telecom Italia hace uso de la opción de compra que vence a fin de año, se quedaría con 100% de las acciones de las sociedades controlantes Telecom Argentina (Sofora y Nortel que tienen 54,74%) y con 100% de Telecom Personal (propiedad de Nortel y Telecom Argentina).
Sucesores
El gobierno, desde que se anunció el ingreso de Telefónica de España a Telecom Italia, y se conoció el desentendimiento entre los socios, parece que viene atando el dictamen definitivo sobre esa operación a la decisión de qué empresa sucederá a los W o eventualmente a la propia Telecom Italia. Y da la impresión de que quiere participar activamente en la selección del o de los sucesores.
Llamativamente, el titular de Telecom Italia estuvo dos veces con la presidente Cristina de Kirchner (en febrero y en mayo) demostrando su interés en seguir invirtiendo en la Argentina, y a permitir el ingreso de un socio local, tal como pretendería el gobierno.
No obstante, Telecom Italia, por otro carril, amenazó a la familia Werthein con iniciar acciones en un tribunal internacional si no puede ejercer la opción de compra antes del 31 de diciembre. En tanto, los W continúan litigando en la Justicia local en distintas causas relacionadas con la incorporaciónde Telefónica de Españaa Telecom Italia.
En este contexto, el secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, envió una nota a Telecom Italia (no se trata de una resolución como trascendió erróneamente ayer) en la que sostuvo:
Telecom Italia deberá abstenerse, sin la previa aprobación de la Secretaría, de celebrar contrato, convenio o acto jurídico que implique o pueda llegar a implicar un incremento de su participación accionaria en Sofora, Nortel, Telecom Argentina o Telecom Personal.
Deberá cumplir la misma orden con respecto a contrato, convenio o acto jurídico que implique una disposición a favor de terceros, vinculados o no, de los derechos sobre las acciones de Sofora, o los derechos que le puedan asistir con respecto a las opciones de compra sobre las acciones de Sofora.
Lo mismo rige para contrato, convenio o acto jurídico que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso a los mercados de telecomunicaciones argentinos o que constituyan un abuso de una posición dominante.
En los considerandos de este exordio a Telecom italia, Salas recordó la Resolución 78 de octubre de 2007 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en la que se consideró que la operación entre Telefónica de España y Telecom Italia tiene «la potencialidad suficiente como para distorsionar las condiciones de competencia en el mercado y ocasionar un potencial perjuicio al interés económico general». En esa resolución se nombraron dos veedores en Telecom Argentina, que actuaron hasta febrero pasado.
Desde entonces hasta ahora se sigue esperando el dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia, que como ya ocurrió en otros casos, no será sólo técnico, sino que fijará la posición política del Ejecutivo.
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