Fuerte rechazo de la CGT a la propuesta de la UIA de no pagarles el sueldo a los trabajadores que no se vacunen contra el Covid-19

Desde la central gremial cuestionaron la propuesta de la entidad empresarial. "La UIA no puede plantear una coacción de ese tipo en la relación laboral", planteó su vocero.

Los sindicalistas de la CGT Jorge Sola, José Luis Lingeri, Roberto Fernández y Julio Piumato.

Ignacio Petunchi

La CGT salió con un fuerte rechazo a la idea que lanzó el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, de no pagarle el salario a los trabajadores que no se vacunen contra el Covid-19. Primero con un comunicado y luego con las declaraciones de su secretario general, Héctor Daer, quien en diálogo con C5N calificó de "disparate" la propuesta.

Por su parte, el secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, rechazó la postura de la Unión Industrial Argentina (UIA) de sancionar económicamente a los trabajadores no vacunados.

En declaraciones a Radio Provincia, Sola destacó que “lo que expresó el titular de la UIA va en contra de cualquier posibilidad legal y no se puede ejercer una coacción de ese tipo en la relación laboral".

"Es imposible que un empleador pueda meterse en el ámbito privado del trabajador”, cuestionó el dirigente gremial al protestar contra la medida que impulsa la entidad empresaria. “La decisión de vacunarse es voluntaria, no es obligatoria y lo dice la Constitución. Es imposible, impracticable lo que plantea la UIA. Si lo hacen tendrán conflictos individuales y colectivos porque ese no es el camino”, insistió.

En este marco, resaltó que “coincidimos en la preocupación para que los trabajadores estén vacunados, pero no mediante la coacción, va por el lado del convencimiento", planteó Sola. "No se puede sancionar económicamente al empleado”, sostuvo.

Al referirse a la vuelta a la presencialidad en el trabajo, sola señaló que “para los que no quieran vacunarse quizás habría que implementar testeos” y, en ese sentido, explicó que “la norma dice que el que no se vacune tiene que tomar acciones de buena fe y no es sólo una declaración jurada sino implementar las PCR". "El ministerio de Trabajo junto con Salud deberían resolver esta cuestión”, concluyó.