Brasilia (Reuters, ANSA, EFE, AFP) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, consiguió ayer un apretado pero significativo triunfo político cuando el Senado aprobó en una votación definitiva su reforma del deficitario sistema público de pensiones, la gran prioridad de su primer año de gobierno.
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La reforma, que venía siendo discutida en Brasil desde inicios de la década de 1990, reduce los amplios beneficios de los empleados públicos -históricos votantes de Lula y su Partido de los Trabajadores-, al imponer un impuesto de 11% a las jubilaciones que superen los 500 dólares mensuales y al aumentar la edad mínima de 48 a 53 años para las mujeres y de 53 a 60 años para los hombres.
«Es un día importantísimo para el gobierno y para Brasil», dijo Renan Calheiros, senador del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), cuyos votos fueron decisivos para la aprobación del proyecto, que busca ahorrar 16.000 millones de dólares en las próximas dos décadas.
El trámite legislativo fue seguido con atención por el mercado financiero, que considera la reforma indispensable para la salud fiscal futura de Brasil. El proyecto fue aprobado con el voto favorable de 51 senadores, mientras que 24 votaron en contra. Por tratarse de una enmienda constitucional, el proyecto debió ser aprobado en dos votaciones en cada cámara legislativa.
Su aprobación en el Senado requería de un mínimo de 49 votos -tres quintos de un cuerpo de 81 miembros-, por lo que el gobierno sólo consiguió dos más que los necesarios. En la primera votación en el Senado, el mes pasado, 55 senadores habían votadoa favor del proyecto. La Cámara alta no realizó cambios en el proyecto que había sido aprobado por los diputados meses atrás, evitando que la propuesta regresara a la Cámara baja, pero agrupó en una llamada «enmienda paralela» las modificaciones propuestas al proyecto original. Esa enmienda deberá ser tratada el próximo año, pero se prevé que no incluya modificaciones sustanciales en la reforma.
•Resistencia
El actual sistema de pensiones de los empleados públicos de Brasil consumió más de 19.000 millones de dólares de las arcas del gobierno el año pasado, una cifra equivalente a algo más de 4% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
El proyecto de reforma, que equipara las condiciones de jubilación del privilegiado sector público con el privado y sufrió la enconada resistencia de sindicatos de trabajadores estatales -quienes acusaron a Lula de traicionar sus promesas-, dispone también establecer un tope de 2.400 reales (813 dólares) para las pensiones de los futuros empleados públicos.
Aquellos empleados estatales que deseen aumentar sus beneficios al jubilarse podrán aportar a un fondo de pensiones, aporte que será independiente a la contribución obligatoria al sistema hecha a lo largo de su vida laboral.
Ricardo Amorim, director de investigación para América latina de la consultora IDEA Global en Wall Street, elogió la aprobación de la reforma, pese a que los diputados ya habían suavizado algunas de sus propuestas originales.
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