El veto de los artículos 37 y 38 de la ley antievasión, que obligaba a devolver los impuestos a la venta de cigarrillos en los locales libres de impuestos de los buques, en áreas francas o aduanas especiales, causó sorpresa en la industria tabacalera porque se contradice con la decisión del presidente Fernando de la Rúa de llevar a cabo una lucha frontal contra el contrabando.
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Lo controvertido del tema es que fue precisamente el Poder Ejecutivo el que originariamente incluyó estos artículos en el proyecto de ley con la intención de prevenir la exportación de productos a países limítrofes, que regresaban luego al país en forma ilegal sin el pago correspondiente de impuestos.
Según cifras oficiales, el contrabando de cigarrillos representa una pérdida para el fisco por menor recaudación de impuestos de $ 320 millones al año.
Esta señal, que es vista como sumamente contradictoria con respecto a la voluntad política expresada por el gobierno, ya generó la oposición del bloque de diputados justicialistas. Los legisladores adelantaron que impulsarán un rechazo al veto que el Poder Ejecutivo aplicó sobre la ley antievasión, por entender que «viola el espíritu original» de la norma aprobada por unanimidad en octubre pasado.
Incomprensible
Para la bancada, la actitud asumida por el Ejecutivo es «incomprensible y contradictoria con la necesidad imperiosa de encarar una lucha frontal contra la evasión, ya que permite la continuidad de mecanismos altamente cuestionados por todos los sectores políticos del país». «Ese veto no guarda ninguna relación con el reclamo permanente que el Poder Ejecutivo efectuó sobre el Congreso para la aprobación de esta ley y demuestra el doble discurso que el gobierno nacional posee, porque pide la norma y luego veta los instrumentos previstos para ese fin», consignó el PJ en un comunicado.
