Una salida para el "corralito"

El anuncio del fin del gobierno que devaluó y pesificó abre una oportunidad de resolver la crisis.

En diciembre muchos dudaban de los 90 días para salir del «corralito» por una intuición lamentablemente confirmada por los hechos posteriores. No sabían que podrían haber sido incluso menos si la Fase II de la reestructuración de la deuda (cuyos votos en la mayoría de las emisiones de deuda internacional estaban depositados a buen resguardo) se concluía en 6 semanas, tal como estimaban los técnicos que era posible. Para mediados de febrero pasado pudo haberse concluido el capítulo de la deuda pública con ahorros de más de u$s 6 mil millones para las cuentas públicas consolidadas de la Nación y las provincias, removiendo completamente los temores de un default y de la devaluación. Ello hubiese contribuido decisivamente a la baja de la tasa de interés. Hoy, pese a todo lo ocurrido, el costo de transformar un cheque del «corralito» en efectivo es del orden de 4%, por lo que no debería dudarse de que con la certidumbre que pudo haberse logrado de haberse resuelto el problema de la deuda, se hubiera podido salir del «corralito» sin mayores dificultades en el tiempo estimado entonces por las autoridades.

Pero el diablo metió la cola y el gobierno fue pasando de mano en mano, y cada paso en falso aumentó la incertidumbre; con el default primero y la devaluación después llegó la tan temida depresión económica, que sobrevolara durante la larga recesión previa, pero que había logrado evitarse. Es un debate que hoy parece inútil, pero insisto en que no era necesario salir de la convertibilidad con el superávit comercial que tenía el país.

La escalada que llevó el dólar a cerca de $ 4 tiene que ver con la confiscación de los depósitos y la fenomenal emisión de dinero sin respaldo concretada y que se anuncia para el resto del año, además de la incertidumbre que provocó la salida de la convertibilidad. La desesperada salida de fondos de los bancos, por su parte, es el efecto directo de la mayor estafa de los tiempos modernos: la pesificación.

Por ello, la respuesta que todos buscamos para salir del «corralito» no la encontraremos si no se desanda el camino iniciado en enero, ya que no se puede salir de donde uno no está. Y aunque los plazos planteados sean eternos para las urgencias de la hora, en algún momento habrá que poner las cosas en su quicio, y para ello pienso que se debería hacer lo siguiente:

1) Eliminar la pesificación, derogando los aspectos pertinentes de la Ley 25.561, los Decretos 214/02, 320/02, 410/ 02, 469/02, 471/02, 644/ 02,905/02 y todos aquellos otros relacionados con el tema.

2) Disponer que las obligaciones de dar sumas de dinero que estaban expresadas en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2001 y que fueron convertidas compulsivamente a pesos, se despesifiquen al mismo tipo de conversión usado para pesificarlas, restableciendo las condiciones originales de las respectivas obligaciones.

3) Respetar los pagos y cobros voluntarios hechos efectivos durante el período de pesificación, salvo reserva expresa en contrario, amparos u otras acciones judiciales interpuestas. En caso de pagos forzados efectuados por el deudor en pesos, correspondientes a deudas pactadas en dólares, determinar el saldo en dólares utilizando el tipo de cambio libre existente al momento de la aplicación de los pesos a cada pago.

4) Admitir la transferencia con poder cancelatorio 1 a 1 de Préstamos Garantizados (ya sea directamente o securitizados en un fideicomiso que emita certificados de participación) para cancelar operaciones entre entidades financieras por los movimientos de fondos de las cámaras compensadoras.

5) Admitir el cómputo de los Préstamos Garantizados como requisitos de liquidez a una relación de 1 a 1, por hasta 50% de la posición exigible a cada entidad.

6) Levantar el llamado «corralito» dentro de 30 días corridos improrrogables, poniendo plazo final a la vigencia del Decreto 1.570/01 y concordantes.

7) Incorporar al art. 34 de la Ley de Entidades Financieras (que regula lo relativo a los planes de regularización y saneamiento) la posibilidad de «sincronizar activos y pasivos» a pedido de las entidades (situación que está prevista actualmente en el art. 35 bis II, d), de modo que no sea necesario llegar a una situación de no retorno para instrumentar esta solución que en algunos casos resultará imprescindible pese a la despesificación de activos y pasivos.

8) Los bancos que no estén en condiciones de devolver los depósitos a partir de los 30 días, deberían presentar un plan de regularización y saneamiento al BCRA, proponiendo los plazos en los que devolverán los depósitos y la forma en que instrumentarán esas prórrogas (nuevos certificados de plazo fijo, bonos, certificados de fideicomisos, etc.)

9) Quienes presenten planes como los señalados en el punto anterior estarían obligados a permitir que sus deudores cancelen sus obligaciones con los mismos instrumentos que entreguen a sus depositantes, 1 a 1.

10) El Estado nacional debería asumir su responsabilidad como propietario de sus bancos oficiales, y presentar un plan de encuadramiento, en caso de resultar necesario, realizando los aportes de capital que normativamente correspondan. Por lo demás, no tendría que emitir un bono compensador para el resto de la banca al desaparecer la pesificación y, por ende, su asimetría, excepto por las deudas canceladas en pesos conforme a lo dicho en el punto 3).

• Normalidad

Estas diez medidas permitirían recuperar una aceptable normalidad financiera, eliminando toda excusa de los bancos solventes para no devolver sus depósitos en la moneda de origen y poniendo a disposición de aquellos que tengan problemas, los instrumentos normales para superarlos, liberando al resto del país de situaciones que le resultan ajenas.

Pero para que la solución sea duradera y sostenible, es necesario, además, dar certeza al régimen monetario que nos rige desde la derogación de la convertibilidad, que fue reemplazada por la discrecionalidad total y la falta absoluta de reglas. Ello nos coloca nuevamente frente a una «evaporación» cambiaria, con pasaje de ida a la hiperinflación, a profundizar la depresión o a ambos males a la vez. Si lo que verdaderamente se plantea es una flotación cambiaria de una moneda libremente convertible en otras divisas, propongo las siguientes medidas:

11) Prohibir de modo absoluto al BCRA emitir pesos para prestarle al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales o a los bancos que aumenten su exposición con el gobierno nacional o los gobiernos provinciales.

12) La expansión o contracción monetaria debe resultar exclusivamente de operaciones de mercado abierto con fines de regulación monetaria, mediante la compra o venta de títulos públicos o PGN que paguen regularmente sus servicios en la moneda de origen.

13) Derogar el control de cambios y todas las restricciones a la libre transferencia de fondos desde o hacia el exterior.

Para recuperar el crédito público, que resulta esencial para poder volver a crecer, propongo:

14) Cumplir los compromisos asumidos en las condiciones originales del Préstamo Garantizado Nacional.

15) Suscribir inmediatamente el Préstamo Garantizado Provincial, que estaba terminado en diciembre.

16) Comenzar el cronograma de la Fase II de la negociación de la deuda pública, que debería concluir en 6 semanas.

En cuanto a la política de ingresos, para recuperar los niveles de consumo e inversión perdidos, propongo:

17) Derogar las retenciones a las exportaciones.

18) Bajar los aranceles de importación a los niveles que se registran en Chile, México o EE.UU.

19) Convocar inmediatamente a convenciones colectivas para discutir aumentos salariales en el sector privado.

20) Dejar sin efecto los descuentos a empleados públicos y jubilados a medida que se recuperen los ingresos fiscales.

Este conjunto de medidas, que pueden ser la base de un plan sustentable, debería permitir recuperar los principios constitucionales y la normalidad jurídica. Los amparos concluirían porque desaparecerían las causas que los motivaron, sin pasar por el gravoso camino de la «ley antigoteo» u otras maquinaciones, que sólo aumentan la desconfianza ciudadana. El apoyo internacional probablemente se lograría por la muestra de sensatez, y el crecimiento seguramente volvería porque la pesadilla pesificadora, que afecta gravemente la vigencia del derecho de propiedad en el país y demás garantías constitucionales, habría quedado atrás.

(*) Ex secretario de Coordinación