Uruguay insiste en que no frenará instalación de papeleras

El viceministro uruguayo de Medio Ambiente, Jaime Igorra, dijo hoy que no cree que la demanda presentada por un fiscal vaya a impedir la instalación de dos plantas de celulosa en la ribera del Río Uruguay.

"Creemos que en la medida que todos entendamos que las plantas son una política de Estado, y entendamos los problemas y disipemos las dudas, no creo que pueda haber de ningún modo un impedimento a la instalación" de esas fábricas, manifestó Igorra.

El Gobierno respondió así a la demanda que el fiscal Enrique Viana presentó el martes contra el Poder Ejecutivo por "transgresiones al derecho ambiental" al autorizar el proyecto de la empresa Botnia.

Sobre la ribera del río Uruguay, que marca la frontera con la Argentina, está programada la construcción de dos plantas de celulosa, una de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE.

La construcción de las fabricas ha provocado múltiples protestas de la Argentina y la petición del Gobierno de que se suspendan los trabajos hasta que la comisión bilateral concluya los estudios sobre el impacto ambiental.

En su demanda, Viana reclama a la Justicia que obligue al Estado "a cumplir con su deber fundamental de proteger el medio ambiente" y pide que no se instale en territorio nacional "una industria celulosa como la de Botnia".

En su argumentación, Viana afirmó que el Ministerio de Vivienda dio el visto bueno al proyecto, pese "a reconocer su ausencia de conocimientos científicos para evaluarlo previamente y más con su incapacidad física para el control".

Igorra explicó que el fiscal había pedido una copia de todo el expediente y que el Ministerio aceptó la solicitud.

El presidente Tabaré Vázquez hizo el miércoles desde Washington una fuerte defensa de las papeleras.

Mientras, la cuarta reunión entre la Argentina y Uruguay para analizar el impacto ambiental del proyecto se celebró el miércoles en la misma línea de intercambio de información de las anteriores.

Las reuniones entre ambos países sobre este asunto se han desarrollado con normalidad, pese al anuncio hecho recientemente por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, de su intención de denunciar la instalación de las plantas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Busti ha dicho que presentará el lunes en Washington, sede de la CIDH, la denuncia por contaminación ambiental.