Montevideo - El gobierno uruguayo dispone de 48 horas para encontrarle una salida a la grave situación que envuelve al sistema financiero a partir de la decisión de liquidar el viernes pasado el Banco de Crédito. La entidad es el cuarto banco oficial que se ve arrastrado por la caída de los depósitos que viene erosionando a los bancos -tanto oficiales como privados-, que no encuentran una salida al difícil problema que los afecta, sin siquiera recrear las condiciones para devolver la confianza de los ahorristas, fundamentalmente argentinos, que en menos de dos años sacaron unos u$s 6.000 millones. El Banco de Crédito era otro de los grandes bancos junto con el Montevideo, el Comercial y la Caja Obrera que concentraban la mayor cantidad de depósitos de ahorristas locales y la más variada red de sucursales en Montevideo y en el interior del país. Sin embargo, el presidente Jorge Batlle -fuerte-mente criticado por el ambiente político y diplomático por sus continuos «bloopers», como aquel que inmortalizó sobre la catadura moral de los argentinos, a quienes luego les pidió perdón por televisión en una sobreexpuesta escena de arrepentimiento-atribuyó en su informe ante el Senado la responsabilidad de la debacle uruguaya a las medidas financieras adoptadas en la Argentina. En contraposición de lo que afirmó el presidente, desde el sector privado se criticó la falta de «timming» del Banco Central y del Ministerio de Economía para reaccionar frente a la crisis del Banco de Crédito que obligó al retiro de la sociedad Saint George -vinculada al Grupo Moon-, que controla 48,2% de las acciones del banco y que había manifestado sus intenciones de quedarse con la totalidad del paquete accionario, cuya mayoría ostenta la Corporación Nacional para el Desarrollo, sociedad del Estado.
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Es que hacia agosto pasado, cuando el Banco de Crédito fue suspendido por el Banco Central del Uruguay, el Saint George debía capitalizar u$s 80 millones para reactivar el banco. Sin embargo -se quejan en esa empresa-, la tardanza para reanudar las actividades del banco suspendido originó una deuda salarial -lo soportó el Estado-por unos u$s 20 millones más a la previsión original, que se incrementó en otros 20 cuando, hacia fines de febrero pasado, la consultora ING aconsejó que, para lograr un adecuado funcionamiento, debían capitalizarse u$s 120 millones y no los u$s 80 previstos originariamente. Ese desfasaje llevó al grupo inversor a paralizar sus nuevas inversiones y a retirarse del nuevo plan de negocios, prefiriendo soportar todo el proceso de liquidación. Durante este fin de semana y lo que queda hasta el miércoles -Uruguay festeja su carnaval como siempre-, el Banco Central y el Ministerio de Economía deben encontrar un salida para conformar a la Asociación de Empleados de Bancos del Uruguay (AEBU) y a los ahorristas que poseen sus depósitos retenidos, quienes tienen tomado el Banco de Crédito y amenazan con paralizar todo el sistema financiero.
La gravedad de la situación, pese al optimismo de Batlle de presentarse como un defensor de los intereses de los ahorristas y de un enérgico interventor en la crisis, podría extenderse a los bancos privados, ya que en 2002 el único que pudo exhibir balances favorables fue el ABN AMRO. En ese achicamiento notable del sistema financiero, una de las bases de la economía uruguaya, junto con la carne, fuertemente comprometida por la competencia argentina y el turismo, existen preocupaciones por el achique que ha comenzado el Citibank con su personal por retiros voluntarios y el alto endeudamiento del Banco de la República -un símil del Banco de la Nación Argentina-con organismos multilaterales de crédito y una cartera de deudores de alta morosidad. No es casual, entonces, que las reservas en el Banco Central hayan caído el viernes a los u$s 514 millones, una de las cifras más bajas de su historia.
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