Montevideo - El gobierno uruguayo trataba anoche de encontrar una negociación con el gremio bancario para evitar una huelga que agravaría aun más la delicada situación por la que atraviesa el sistema financiero local a partir de la liquidación del ex Banco de Crédito -de mayoría estatal-el pasado viernes. Tanto el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, como el presidente del Banco Central, Julio De Brun, lograron que la Asociación de Empleados de Bancos del Uruguay (AEBU) no comenzara hoy con medidas de acción directa, extendiendo la toma de entidades, como lo viene haciendo con el ex Crédito desde el mismo momento en que se anunció su liquidación.
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La medida causó la pérdida de 1.000 puestos de trabajo, que se suma a los planes de reducción de personal que se encuentran implementando otras entidades y que hace elevar el índice de desocupación general, que ronda 20 por ciento. La liquidación del ex Banco de Crédito por la negativa del grupo Moon -posee 48,2 por ciento a través de St. George Ltd.- de comprar la mayoría debido a los errores gubernamentales para su reanudación ocurrió en un momento extremadamente frágil para la economía del país pese al último acuerdo alcanzado con el FMI. En el último año, se perdió 33 por ciento de los activos de reserva del Banco Central al haber bajado, el viernes, a los u$s 514 millones, lo que disparó el riesgo-país a los 2.204 puntos básicos.
Las negociaciones entre Atchugarry y De Brun con los sindicalistas Juan José Ramos y Eduardo Fernández se centraron en la búsqueda de una serie de alternativas para quienes queden desempleados como planes incentivos de retiradas y jubilaciones anticipadas. La estrategia de fusión de los bancos en problemas es fuertemente criticada desde los grandes bancos internacionales que ven -con preocupación-cómo se dejan de lado sistemas de venta de bancos que han dado réditos en otros países, como la privatización de la Baring Brothers de Inglaterra, para implementar modelos estatistas que no se compadecen con la supuesta ideología liberal del gobierno de Jorge Batlle.
Dentro de ese contexto, los gremialistas apuraron ayer a los funcionarios gubernamentales para que el Estado contrate a los cesanteados por la caída de los bancos. Operadores económicos argentinos con fuerte presencia en el mercado financiero local consideran que esta «salida a la uruguaya» profundiza la crisis de confianza que afecta a los bancos de este país a partir de las corridas del año pasado, con algunos cimbronazos durante enero y febrero.
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