Zimbabwe llegó a no publicar índices (¿se seguirá ejemplo?)

Guillermo Moreno

El «malo de la película» en el largo conflicto en el INDEC, y que llegó hasta la Justicia por manipulación de los índices y violación del secreto estadístico, es el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Sin embargo, «nadie es profeta en su tierra». La actuación del funcionario en su intervención en el organismo tiene un antecedente en otros países. Un ejemplo de las graves consecuencias de la injerencia oficial para torcer la realidad lo muestra Zimbabwe.

El país africano registra la inflación más alta del mundo. En junio, los precios subieron 86% llevando la tasa anual de inflación a 7.521%. Entonces, el presidente, Robert Mugabe, decidió «perfeccionar el modelo argentino» y en vez de seguir manipulando los desacreditados índices de precios, directamente decidió suspender su publicación, según destacó Emilio Cárdenas, ex representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Arrestos

El gobierno de Zimbabwe, presionado por los organismos multilaterales de crédito, se vio forzado a volver a publicar los índices. Pero no dejaron de hacer de las suyas ya que obligaron a una reducción a 50% de los precios. Desde que esta medida entró en vigencia, unos 7.000 empresarios y comerciantes han sido arrestados por no cumplir con la reducción general de precios dispuesta.

Por supuesto, comenzó el desabastecimiento y las protestas sociales. Como consecuencia, el presidente Mugabe decidió comenzar a firmar acuerdos de precios con los empresarios de sectores como alimentos, artículos de higiene y servicios públicos. El primer resultado de estos acuerdos fue una baja de la inflación en julio a «sólo» 8%, pero en las primeras tres semanas de agosto, ya trepaba a 12%.

Aunque parezca de no creer, en Estados Unidos, el Bureau of Labor Statistics (BLS), en 1983, decidió cambiar un componente para que la inflación fuera menor que la real y así pagar menos intereses por los bonos según se relata en una nota publicada en el «Home News Tribune», de New Jersey.

El artículo, titulado «Fraude con el índice de precios al consumidor está directamente vinculado a la crisis crediticia de las hipotecas subprime», firmado por Robert Hardaway, (profesor de Leyes de la Universidad de Denver y miembro de la Sociedad de Honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York), sostiene que en 1983 el Bureau of Labor Statistics enfrentaba un complejo problema: si continuaba incluyendo los costos de la vivienda en el índice de precios al consumidor, el IPC de los Estados Unidos hubiera reflejado una tasa de inflación de 15%, haciendo de esta manera que la economía norteamericana se pareciera a la de una república «bananera», sostiene el autor. Peor: dado que los inversores históricamente demandaron una rentabilidad 2% real, por encima de la inflación, esto hubiera significado que los rendimientos de los bonos hubieran subido a nada menos que 17%.

La solución que encontró el BLS fue tan simple como sorprendente.

Excluyeron el costo de la vivienda en el componente del IPC y lo sustituyeron por una llamada «renta equivalente del propietario», basada en lo que hipotéticamente pagaría un propietario si alquilara su propia casa.

El resultado de esta prestidigitación fue muy positivo pues con este nuevo componente la inflación publicada bajó a 2%, dice la nota. Esto se debió, en parte, a que los especuladores necesitaban compensar sus altos valores de carteras sacando a la renta sus propiedades mientras los precios de los inmuebles estaban por las nubes, en consecuencia, inundaron el mercado con viviendas para alquilar provocando una baja en el precio de los alquileres.

Engañador

Lo sorprendente, comenta el artículo, es que el BLS estuvo acertado en suponer que este artilugio estadístico podría engañar al ciudadano común en creer que la inflación era sólo 2% (y por lo tanto aceptar un magro 4% de interés sobre los depósitos bancarios), y también engañó a los operadores de bonos. Por esta razón, el analista Peter Schiff describe a estos supuestamente astutos operadores de bonos como «los adolescentes del mercado de capitales».

Según el autor de la nota, Hardaway, la presente crisis crediticia derivada de las hipotecas subprime está vinculada a la decisión del gobierno norteamericano de excluir a los precios de la vivienda en el índice de precios al consumidor. Al respecto sostiene que la benigna inflación reportada en los últimos 10 años de ninguna manera reflejó el meteórico incremento en los precios de las propiedades, como por ejemplo, en California, donde las subas fueron de 30% anual. Con la ilusión de la baja inflación induciendo a los prestamistas a ofrecer créditos de 5 a 6% anual, no sólo la especulación avanzó velozmente con la expectativa de subas eternas en los precios de los inmuebles, sino que también millones de compradores de propiedades fueron engañados al comprar casas cuando ellos sólo calificaban para esas provocativas tasas de interés que rápidamente escalaron a niveles impagables.

La ilusión se pudo mantener porque la suba de precios de las propiedades permitía cancelar viejas hipotecas y tomar nuevas por mayores montos que posibilitaron «bicicletear» los pagos, pero ahora que los precios se frenaron y empezaron a caer, no pocas familias enfrentan el riesgo cierto de la ejecución de sus propiedades, concluye el artículo.