Casación se reorganiza para evitar que escale conflicto por Figueroa

En reunión de Acuerdo consideraron aplicable reglamento de acefalía para distribuir nuevos roles: le notificaron al Consejo y a la Corte. Borinsky ocupa presidencia.

Ana María Figueroa

La Cámara Federal de Casación Penal buscó ayer dar una rápida señal de normalización y clarificó lo que sus integrantes interpretan de la situación planteada en torno a Ana María Figueroa. Con sendos oficios, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema, los presidentes de cada sala llevaron adelante un acuerdo de superintendencia pero con una distribución de roles que exhibió que ya consideraban aplicable la acefalía contemplada en el artículo 2 de su reglamento.

La propia Figueroa había dado un paso al costado de la presidencia al comienzo de la semana y entregado a la secretaría de sala sus votos previo a que se concretara la fecha en la que cumplía 75 años. Pero, en paralelo, dirigió una carta al Consejo en la que anunció que se mantenía expectante -sin votar- hasta que el Senado aprobara durante el año parlamentario la renovación de su pliego que el Gobierno había enviado pero sin que el pleno hubiese logrado reunirse para aprobarlo antes del deadline.

Ayer, con una reorganización interna, se reunieron Mariano Borinsky como vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia junto a Diego Barroetaveña -ahora como presidente de la Sala I-, Guillermo Yacobucci (por la Sala II), Daniel Petrone, en un enroque y subrogando la titularidad de la III, y Gustavo Hornos por la Sala IV.

Con el argumento de “garantizar el mejor funcionamiento del servicio de justicia”, concluyeron que sobre Figueroa, cuyo cumpleaños fue el miércoles, “no se ha completado el trámite parlamentario para un nuevo nombramiento” y que teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 99 de la Constitución Nacional y el fallo “Schiffin” de la Corte que limitó el mandato de los jueces hasta esa edad, “la situación podría devenir en el cese de sus funciones”. Las palabras fueron cuidadosamente escogidas para evitar suspicacias y despejar las polémicas. Lo mismo que la fórmula de “a sus efectos” que tuvieron las comunicaciones enviadas.

Elípticamente significa que el Consejo puede dar el siguiente paso considerando la existencia de una vacante más y acumulándola al concurso en trámite para cubrir las dos plazas que ya había en Casación, por los lugares de Liliana Catucci y Eduardo Riggi.

Quedó flotando luego de la reunión de ayer que los firmantes del oficio no compartieron lo que Figueroa expuso el martes cuando se dio un contrapunto con los jueces Yacobucci y Petrone que aclararon que lo expresado no implicaba un aval a hacer valer una resolución del Consejo que contemplaba que mientras estuviera vigente el año parlamentario y teniendo parte del trámite cumplimentado, se estiraría su condición de jueza hasta tanto haya una definición por parte del Congreso.

En la reunión de ayer, lo que se conversó es que esa interpretación difería de otra resolución que habría dado de baja la anterior y que data de 2018, cuando se buscó corregir lo que la solución transitoria respecto de magistrados que eran alcanzados por el límite de edad.

Toda esa madeja ha convertido este episodio en un conflicto institucional que se busca conjurar, aunque el final sigue abierto. En el medio, un grupo de denunciador es seriales radicó en Comodoro Py una denuncia penal contra Figueroa que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N°6, a la que nadie le asigna mayor relavancia porque el conflicto debería resolverse por la vía institucional.

La cita central a la que remiten los oficios de Casación giran en torno al Artículo 2 que implica que la Cámara Nacional de Casación Penal elegirá a su presidente antes del 20 de diciembre de cada año de manera ordenada de acuerdo a la fecha de ingreso de sus miembros al tribunal. Y que “en la misma forma serán designados los vicepresidentes primero y segundo quienes desempeñarán en ese orden las funciones del Presidente en caso de licencia o acefalía”.

Esta última fue la salida que escogieron los titulares de cada Sala para dar una especie de réplica al Consejo y tomar posición con el calendario encima. La cuestión se mediatizó pero también encierra un desafío institucional por los movimientos que puede haber no solo en el Senado, condicionado hasta fin de año, sino por parte de quienes intenten hacer valer posturas respecto a lo resuelto o por resolver en la misma Casación.