28 de junio 2013 - 00:00

Corte reunida de emergencia para enfriar puja con Gobierno

Ricardo Lorenzetti
Ricardo Lorenzetti
La Corte Suprema de Justicia celebró ayer un acuerdo extraordinario para analizar táctica y estrategia en su relación con el oficialismo, especialmente cuando son inminentes fallos de alta sensibilidad política. Sin la presencia de Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt, los ministros acordaron mantener silencio y abstenerse de participar en cualquier acción judicial que pudiera motivar posibles recusaciones en momentos tan determinantes.

También se repitieron encuentros en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, conciliábulos discretos para tratar un tema en ascenso como es la economía del Poder Judicial.

El cónclave, del cual participaron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Enrique Petracchi, ofreció interpretaciones de distinto tenor. Para algunos de los integrantes del tribunal la situación política ha dado un giro: mientras antes del primer fallo sobre la reforma judicial la Corte se mantuvo distante y las acciones corrieron por cuenta de los gremios de jueces, ahora es inversa, ya que los justices aparecen como la figura dicotómica con el kirchnerismo mientras que, al menos hasta anoche, ninguna entidad se había pronunciado en respaldo de los jueces supremos.

El comunicado que emitió la Corte no sólo buscó respaldar la figura de Lorenzetti sino también enviar una señal para bajar las tensiones con Balcarce 50. Existieron intentos concretos para judicializar el altercado con la AFIP y en todos los casos la respuesta fue negativa. Lógico: la presentación mediante un expediente podría invalidar cualquier resolución de peso que el tribunal prevé para los próximos días, como pudiera ser la causa por el cepo cambiario, que ya tramita en el cuarto piso y en la cual el ente recaudador es litigante.

El hermetismo de la reunión sólo fue interrumpido por una llamada telefónica con Fayt, quien se encontraba en su domicilio. Lorenzetti le transmitió el contenido del comunicado y el más veterano de los ministros, tal como lo recalcara Cristina de Kirchner días atrás, dio su aprobación. "Es lo que se debería haber hecho desde el primer momento", deslizaron ayer por la tarde en su vocalía, donde tiene eco la filosofía del custodio del ministro: "Los hechos son sagrados".

Menciones menores mereció la marcha organizada por la agrupación de la procuradora general Alejandra Gils Carbó a los tribunales para reclamar por el fallo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. Las burlas y el show de disfraces no merecieron grandes comentarios.

Hay preocupaciones más evidentes: si el fallo de la Corte sobre las designaciones supuestamente irregulares en la Procuración termina siendo adverso para Gils Carbó, dará lugar a una batería de pedidos de nulidad contra todo lo que actúen los fiscales designados sin acuerdo del Senado, especialmente en materia civil.

En paralelo, transcurrieron otras reuniones de tinte más económico. Existieron llamados por parte de funcionarios administrativos a sus pares de la Administración General de la Nación (AGN).

Este organismo tiene un convenio firmado con la Corte mediante el cual audita todas sus cuentas. Un dato para comprender, entre otras cuestiones, que el juez de la causa Acumar (expediente que se abrió desde la Corte en un plan para sanear el Riachuelo) haya terminado eyectado luego de un informe de la AGN que alertaba sobre presuntas irregularidades en las subcontrataciones para la limpieza de la cuenca.

Los asuntos económicos que no se ecnuentran bajo este control son aquellos que la Corte digita desde el Consejo de la Magistratura. El cuerpo colegiado, tal como lo suele recordar el consejero Daniel Ostropolsky, no cuenta con una auditoría por parte de la AGN y es por eso que la información allí no es tan accesible.

Sobre algunos de estos datos ya conversan los funcionarios de administración de la Corte con el objetivo de estudiar caminos para exponerlos ante el ente recaudador.

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