La investigación de la Justicia federal por los supuestos delitos de evasión, lavado de activos y fraude que involucra a funcionarios del Gobierno del peronista chaqueño Domingo Peppo desató desde filas de la oposición el pedido de interpelación de Horacio Rey y Roberto Lugo, hoy separados de sus cargos de secretario general de la Gobernación y subsecretario de Comercio y Servicios, respectivamente, y que por un mes no podrán salir del país.
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El terremoto institucional -hecho público el viernes- estalló cuando Peppo tenía ya agendada para hoy una exposición en Estados Unidos, en el XIX Seminario de Estrategia de Campañas Electorales, que se llevará adelante en The George Washington University. Un rol que cumplió la bonaerense María Eugenia Vidal en 2016, y que hace eje en la transparencia electoral.
La grilla de la visita de Peppo -está acompañado por los ministros de Gobierno, Martín Nievas, y de Hacienda, Cristian Ocampo- incluye también reuniones con el embajador argentino Fernando Oris de Roa, y con entidades crediticias, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en pos de financiamiento.
El pasado viernes, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó una serie de allanamientos en despachos oficiales, en el marco de esa causa.
De la oficina de Rey en la Casa de Gobierno, por caso, se llevaron una importante cantidad de documentación. También fueron allanadas las sedes de Fiduciaria del Norte y del Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales, así como en una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y una agencia de publicidad.
En los operativos -que alcanzaron además a guarderías náuticas de Antequeras- participaron efectivos de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval.
Según fuentes judiciales, se investigan "movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos que están a cargo de Fiduciaria del Norte para la administración de fondos para compras de bienes y pago a proveedores en diversos programas de ministerios del Gobierno".
Además, está en marcha una investigación paralela del fiscal federal Patricio Sabadini, en la que se considera la posible comisión de los delitos de lavado de activos, administración fraudulenta, asociación ilícita y fraude a la administración pública.
Frente a los allanamientos, Peppo ordenó a todas las áreas "colaboración y disposición con la Justicia" y definió separar de sus cargos a Rey -pieza clave del gabinete y exjefe de campaña del mandatario- y a Lugo.
En reacción, legisladores de la oposición avanzan en el pedido de interpelación sobre Rey y Lugo.
"Es una situación de altísima gravedad y preocupación la que se está dando en el seno del Gobierno provincial, que relaciona a funcionarios con lavado de activos, evasión y enriquecimiento ilícito", advirtieron, en un documento, los diputados del interbloque de Cambiemos. En esa línea, el legislador y referente del PRO en Chaco, Luis Obeid, sostuvo que "los funcionarios investigados deben explicar mucho a los chaqueños".
En sintonía, desde el Partido Obrero, el legislador Aurelio Díaz reclamó directamente la interpelación de Peppo. "No es sólo un asunto judicial aislado; se trata de la investigación de un desvío de fondos, que por las características de la Fiduciaria del Norte, tiene un carácter estructural", disparó, además de enfatizar que "las investigaciones judiciales no alcanzan" y que "el Gobierno tiene que dar respuestas políticas, para que se esclarezca esta situación de fondo".
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