A un año de la última colocación de deuda privada en Wall Street

Que los privados pudieran tomar dinero en el exterior era una de las metas perseguidas por el Gobierno de Mauricio Macri al comenzar su gestión. En el primer trimestre del año estas operaciones habían caído 30% contra 2017.

Luis Caputo.

Mañana se cumplirá un año de un triste récord. Hace 365 días que una empresa argentina no logra colocar deuda voluntaria en el exterior para financiar proyectos productivos. Y, en consecuencia, no hubo más avances de iniciativas de bienes o de financiamiento de infraestructura privados. Obviamente el récord coincide con el comienzo de la crisis financiera y cambiaria iniciada con las primeras operaciones de salida masiva de Lebac de fondos comunes del exterior. Al ritmo del comienzo del fin del carry trade, y del inicio del traspaso a dólares (proceso que cumple hoy un año), se terminaba la gran promesa privada de llegada de inversiones: la toma de dólares del exterior a tasas de interés razonables.

La última operación de este tipo fue el 26 de abril de 2018. Fue la colocación de Transportadora de Gas del Sur (TGS), que ese día se le animó a Wall Street y fue en búsqueda de dólares de los inversores internacionales de la Bolsa de Nueva York. Era la primera compañía que aceleraba la toma de deuda, en una emisión de un bono por u$s500 millones a un plazo de 7 años y una tasa de 6,75% anual.

En realidad, la situación de los mercados estaba difícil desde comienzos de año. Dos efectos conspiraron contra las operaciones. El primero fue la colocación de u$s9.000 millones en la primera semana de enero de 2018, a 5, 10 y 30 años con una tasa de 4,625%, 6% y 6,95%. El entonces ministro de Finanzas explicó que la operación cubriría el 75% de las necesidades financieras para todo el ejercicio, para el que se necesitaban unos u$s12.040 millones. El Gobierno esperaba que la novedad despejara las dudas de los operadores para todo el año. Sin embargo, crearon el efecto contrario. El mercado de capitales local interpretó que el Gobierno tomaba nota de que 2018 sería complicado para tomar deuda, y que blanqueaba que preveía serias dificultades financieras. El segundo factor de riesgo que se percibió en aquel primer trimestre del año pasado fue la confirmación, el 21 de marzo desde la Reserva Federal, de la suba de las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, quedando en un rango de entre 1,5% y 1,75% anual. Esta decisión anunciada por el presidente de la entidad, Jerome Powell, alteró todos los mercados internacionales, especialmente los países emergentes. En el caso argentino fue aún peor, ya que se trataba de un estado que, se sabía, necesitaba de muchos dólares para cerrar el año. Y muchos más para enfrentar 2019. Tampoco ayudaba el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que amenazaba ya con poner de cabeza toda la estructura comercial del mundo. Menos el comienzo de aplicación del impuesto a la renta financiera para los inversores extranjeros, que terminó de generar un clima adverso para la inversión en el país.

Ante el panorama, y la consecuente suba de tasas de interés, las muchas empresas locales que tenían en sus planes comenzar un proceso de toma de deuda en Wall Street bajaron la guardia y se retiraron a cuarteles de invierno. Sólo algunas muy seguras de sus balances y posiciones dominantes, y muy confiadas en la continuidad de las políticas oficiales del macrismo, decidieron continuar con su proceso colocador; y avanzar con los estudios técnicos para estas operaciones. En particular era el caso de las empresas de servicios públicos, confiadas en el programa de suba de tarifas. Fue el caso de TGS y su bono a 7 años, destinado a inversiones en infraestructura, que colocó esa deuda tres meses después de la última operación privada, la del 26 de enero de AySA, Genneia y MSU Energy, que colocaron de manera conjunta unos u$s1.250 millones.

Pese a la operación de Caputo, las emisiones de deuda pública y privada de la Argentina en el exterior había caído en el primer trimestre de 2018 un 30% contra el mismo período de 2017, congelando una de las grandes premisas perseguidas por Cambiemos al llegar al poder en diciembre de 2015: liberar el terreno para que no sólo el Gobierno sino los privados pudieran obtener financiamiento externo a tasas razonables.

Lentamente, durante 2018, también se fue cerrando el mercado de capitales local, en pesos y dólares. Todo el dinero disponible terminó siendo absorbido por las operaciones financieras vinculadas a la absorción de pesos y divisas del Gobierno, para sostener la estabilidad cambiaria, al ritmo del recrudecimiento de la crisis. Todo el dinero disponible fue concentrándose en las Lecap primero, pasando luego a los Bote u otras opciones hasta septiembre pasado, y a las Letes desde el nacimiento de la zona de no intervención en octubre.

La tasa pagada por TGS fue considerada en ese momento como demasiado cara. Más teniendo en cuenta que se trataba de una compañía que tomaría ese dinero para proyectos de inversión en infraestructura de largo plazo y con teórica rentabilidad ya asegurada a partir del plan oficial de suba de tarifas de servicios públicos luego de más de 12 años de congelamiento durante el kirchnerismo. Lo comprobó la empresa que pedía pista para salir a Wall Street: Telecom, compañía que decidió suspender la colocación de deuda a 10 años ante la tasa ofrecida por el mercado internacional. La intención de la compañía de telecomunicaciones era la de no pagar más de 6,5% anual por un total de u$s1.000 millones de deuda. Con el tiempo se demostró que era la decisión correcta.