Ferreyra: mal para los ferroviarios

La causa por el asesinato de Mariano Ferrey volvió a quedar bajo secreto de sumario. La jueza Susana Wilma López decretó una vez más la veda informativa para la investigación por el crimen del activista del Partido Obrero (PO), cometido el 20 de octubre último en el barrio de Barracas. La medida le permitirá a la magistrada avanzar en dos líneas que tenía pendientes: analizar un pedido de indagatoria contra el jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y estudiar la labor de la Policía Federal el día de los incidentes.

Ferreyra fue asesinado de un disparo en el abdomen luego de participar en una protesta de trabajadores tercerizados del ex ferrocarril Roca. Por el crimen fueron detenidas siete personas, sindicadas como miembros de un grupo de choque supuestamente reclutado por un dirigente de la Unión Ferroviaria. La indagatoria del jefe de ese gremio había sido pedida por la ex fiscal de la causa Cristina Caamaño, luego nombrada viceministra de Seguridad por la titular del área, Nilda Garré.

El expediente estuvo bajo secreto de sumario los primeros días hasta que se concretaron las siete detenciones. Todos los apresados fueron procesados por la jueza y las medidas fueron ratificadas por la Cámara del Crimen el 28 de diciembre último. La magistrada López aguardaba la resolución del tribunal para retomar las líneas de trabajo pendientes junto con el nuevo fiscal de la causa, Fernando Fiszer.

En los procesamientos, confirmados por la Cámara, la jueza sindicó como parte de un mismo y presunto «plan criminal» a los siete detenidos: Cristian «Harry» Favale y Gabriel Sánchez, como presuntos autores de disparos; Juan Carlos Pérez y Guillermo Armando Uño, como supuestos agresores de los tercerizados; Jorge González y Francisco Pipito, por su aparente labor de encubridores al dificultar el trabajo de un equipo periodístico en el lugar, y a Pablo Díaz, delegado de la Unión Ferroviaria en el Roca, como posible organizador del grupo de choque.