G. Carbó ahora abre juego por oficina de escuchas

Alejandra Gils Carbó

 La aprobación anoche de la nueva ley de Inteligencia anticipa ahora un desafío más concreto relacionado con la implementación de la Oficina de Observaciones Judiciales que deberá funcionar bajo la órbita de la Procuración General. Alejandra Gils Carbó tiene por delante estructurar reglamentos internos y, sobre todo, un sistema de control de dicha oficina que tendrá necesariamente personal de la SIDE actual. Desde hace quince días en el ministerio público se desarrollan encuentros con técnicos informáticos, de tecnología y legales, algunos de ellos cercanos a partidos políticos y otros recomendados por ONG. Es una jugada de apertura que se condice con un momento político de alta densidad y que por eso despierta inquietud en la constelación kirchnerista.

La oficina de pinchaduras es el área más sensible de la reforma de Inteligencia porque además es allí donde el oficialismo detectó el origen de la vinculación entre jueces federales y espías que luego motivaría el descabezamiento de la catedral de la clandestinidad y el retiro de varios de sus directores, entre ellos "Jaime" Stiuso, quien por estas horas es destinatario de una embestida frontal en los tribunales con acusaciones que van desde un supuesto entramado de sociedades anónimas hasta la presunta estructura de contrabando que el pasado martes denunció Oscar Parrilli.

En la Procuración esas tensiones no son ajenas, por el contrario son hasta más antiguas que las que implosionaron el pasado diciembre. En el microclima del ministerio público la contienda entre Gils Carbó y los fiscales que se oponen a su gestión siempre fue vista en realidad como una afronta impulsada desde sectores de la clandestinidad. El primer antecedente fue cuando Gils Carbó cubrió una serie de fiscalías y casi de modo automático fue denunciada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, protagonista estelar del 18-F.

La definición del oficialismo de trasladar la oficina de pinchaduras telefónicas a la Procuración fue uno de los primeros reflejos tras la muerte de Alberto Nisman y, tal como sucediera con el anuncio de la reforma Procesal Penal, se realizó sin el trámite de dar aviso previo a la calle Perón. Para el kirchnerismo fue también la oportunidad de reforzar la implementación que espera del sistema acusatorio que da a los fiscales las atribuciones para investigar y ubica a los jueces al resguardo de la garantías de los procesos.

Ahora Gils Carbó debe tramitar una implementación que ya desde el minuto cero promete tensiones porque los titulares de las fiscalías generales de la provincias pretenden que sus estructuras también cuenten con una oficina de pinchaduras telefónicas. Esta tesis es especialmente impulsada por la fiscalía general de la Capital, actualmente en el área de influencia de Daniel Angelici, gerente judicial de Mauricio Macri. El problema para el ministerio público es que esa modalidad haría casi imposible auditar el desempeño de los encargados de procesar las intervenciones telefónicas requeridas por los magistrados. A la vez, en algunas jurisdicciones se conocería un amplio rechazo de los sectores políticos, especialmente en esas latitudes donde la Justicia tiene una relación casi visceral con el poder provincial.

Durante enero ya se realizaron encuentros en la Procuración para avanzar en la implementación que es fuertemente objetada desde la oposición donde resuena con insistencia que las observaciones judiciales deberían quedar en los límites de una policía judicial dirigida por la Corte Suprema.