Gobierno mira a la Corte para activar nueva Casación

ES LA CÁMARA CLAVE EN LA REFORMA QUE APURA GILS CARBÓ. CONFORMACIÓN SE FRENÓ TRAS CAUTELAR CONTRA NUEVOS FISCALES

Alejandra Gils Carbó y Daniel Rafecas

El oficialismo intentará esta semana encontrar una solución que permita la puesta en funciones de la nueva Casación Penal ordinaria, por ahora en stand-by luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmara una cautelar contra la designación de los tres fiscales que deberían ejercer en esa instancia y que fueron nombrados por Alejandra Gils Carbó.

En ese sentido, y con otros asuntos candentes, el Gobierno observará con atención el encuentro que esta semana podrían protagonizar Ricardo Lorenzetti y la titular de la Magistratura, Gabriela Vázquez, actualmente cercana al kirchnerismo.

La puja subterránea que domina a la nueva Cámara no es un problema de funcionalidades, sino netamente político: el kirchnerismo precisa que esta instancia funcione para iniciar desde allí la implementación del Código Procesal Penal que transfiere poder a los fiscales. Uno de los objetivos primordiales de la cartera de Justicia hasta la muerte de Alberto Nisman que sumió al Gobierno en una crisis de prestigio de la cual intenta emerger. La Cámara la preside María Laura Garrigós de Rébori (de Justicia Legítima) y el secretario es Ernesto Kreplak, que viene de ser funcionario en la calle Sarmiento.

Para que la Casación funcione, requiere de fiscales que o bien podrían necesitar de una ley del Congreso aparte o bien la Corte podría anular el fallo del fuero contencioso, giro que es complejo desde lo técnico, porque el tribunal no suele dedicarse a cautelares. Esta última posibilidad es la que Vázquez manifestará ante Lorenzetti. Sería sólo uno de los issues que animarán ese encuentro reservado.

Desde la Magistratura, Vázquez tiene en mente crear una oficina especial para asuntos administrativos que tendrá influencia sobre todo el personal del Consejo en materia de recursos y contratos. En la Corte, esa intención es percibida con alguna inquietud, porque podría ser el primer paso de una avanzada orientada a que el organismo colegiado controle todos los contratos del Poder Judicial (actualmente, llevan la firma de Lorenzetti). No por nada Jorge Capitanich suele recordar que la Constitución dice que todos los recursos humanos y materiales de los tribunales deben ser administrados por la Magistratura. Así ocurre en la Justicia porteña.

Una intención que poco tiene que ver con el concepto de autarquía judicial que en la Corte se entiende como imprescindible para afianzar criterios de independencia. Por cierto, si bien todos los opositores se manifiestan en sintonía con estas ideas, sería interesante conocer lo motivos por los cuales ciertos legisladores del massismo dilatan su guiño a la ley de autarquía judicial que Daniel Scioli giró a la Legislatura bonaerense y que le propinó elogios por parte de los principales jueces del país en el último encuentro que la Corte organizó en Mar del Plata.

Estas reformas administrativas son tangibles para el kirchnerismo en la Magistratura, porque requieren mayoría simple y porque ese bloque controla la oficina de administración del Consejo. Desde allí se ha iniciado una auditoría sobre la rendición de gastos del personal del Consejo y se encontraron algunas desmesuras (por ejemplo, cuentas sin rendir que superan los 100 mil pesos) que en las próximas semanas podrían animar otras pulseadas.

Intrigas que van a la par de conflictos más rutilantes y más vinculados al contexto político. Por ejemplo, en el cuarto piso abundan los cálculos sobre qué podría suceder si el caso Nisman viajara de la instancia ordinaria al fuero federal.

Ya se conocen algunos comentarios de Norberto Oyarbide, que ha deslizado que, de concretarse ese movimiento, reclamaría el expediente, porque actualmente es el juez que investiga el supuesto encubrimiento de la investigación de la muerte del fiscal que denunció Elisa Carrió. Sería otro giro imperdible, especialmente si se considera que el jefe del gremio de jueces, Ricardo Recondo, descarta que en breve el caso será de jurisdicción federal.

La aparición de Oyarbide en el caso implicaría un condimento explosivo si se considera su vinculación con el oficialismo, su llegada a ciertos hombres de la clandestinidad y su conocida predisposición a favorecer a las fuerzas de seguridad que tienen un rol determinante en el caso por los peritajes en curso. Sin embargo, este escenario está condicionado, por cuestiones procesales, a que se defina si la muerte del fiscal es producto de un delito.

Por cierto: en el entorno de Nisman es conocido que hace dos años el fiscal radicó una denuncia por coacción y amenazas.

El caso tramitó en el fuero federal, lo cual habilita el enigma de si por qué cuando un funcionario de ese hándicap se siente intimidado, interviene Comodoro Py y cuando ese mismo funcionario aparece muerto les toca a la fiscal Viviana Fein y a la jueza Fabiana Palmaghini.

Al mismo tiempo, en la Corte ya se conoce algún resquemor entre las entidades de la comunidad judía a partir del hecho de que Daniel Rafecas investigará la denuncia formulada por Nisman contra Cristina de Kirchner. El juez siempre tuvo el visto bueno por parte de estas entidades a partir de sus trabajos sobre el Holocausto. El primer malestar apareció hace dos años cuando desde dichas instituciones se le había requerido a Rafecas algún tipo de acción para evitar que el juez Luis Rodríguez llegara al fuero federal. Desde un think-tank cercano al Gobierno se había apuntado la supuesta pasión de Rodríguez por objetos identificados con la cultura del nacional-socialismo alemán.