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Gobierno, en ONU por reclamo sobre las Malvinas
Taiana se reunirá con Ban luego de participar de la cumbre del Grupo de Río que se desarrollará en Cancún, México, entre este viernes y el martes próximo.
Hoy funcionarios de la Cancillería concurrirán a la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores invitados por los integrantes de dicho cuerpo parlamentario para explicar los detalles y alcances del decreto sobre el tráfico de la navegación en la zona de Malvinas.
El jefe de gabinete Alberto Galloto, la consejera legal Susana Ruiz Cerrutti y el secretario de Relaciones Exteriores Victorio Taccetti asistirán a la comisión que preside el diputado opositor Alfredo Atanasof y cuyo vicepresidente es el diputado del FpV por San Juan, Ruperto Godoy.
El Gobierno británico indicó ayer que «sigue de cerca» la situación en las islas Malvinas, poco después de que Buenos Aires anunciara que tomará «medidas adecuadas» para frenar la exploración petrolera británica en el disputado archipiélago.
«No tenemos ninguna duda acerca de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas y tenemos claro que el Gobierno de las islas tiene derecho a desarrollar una industria de hidrocarburos dentro de sus aguas», afirmó el secretario de Estado de Relaciones Exteriores para Latinoamérica, Chris Bryant.
«Estamos siguiendo de cerca la situación pero no vamos a reaccionar a cada acontecimiento en la Argentina», agregó Bryant tratando de minimizar una vez más esta nueva escalada de tensión 28 años después de que ambos países se enfrentaran en una guerra de 74 días que dejó centenares de muertos.
El potencial de hidrocarburos en la cuenca de las Malvinas, cuya economía estaba basada hasta ahora esencialmente en la pesca y la ganadería, constituye uno de los puntos de mayor fricción en la disputa por la soberanía, que la Argentina canaliza actualmente por vía diplomática.
El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto que dispone todo buque que navegue entre la Argentina y las islas «deberá solicitar una autorización previa» a Buenos Aires.
El decreto busca obstaculizar la navegación por Mar Argentino ante la inminente llegada de una plataforma petrolera a las Malvinas.


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