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La causa Once-TBA se atiende en 3 juzgados
Claudio Bonadío
El proceso de desprendimiento del expediente fue el eje de la estrategia judicial de los abogados de TBA. Éstos primero desplegaron una serie de recusaciones a Bonadío por presunto mal desempeño, irregularidades en la investigación y una supuesta falta de imparcialidad. Luego apostaron por fragmentar el expediente.
Subsidios
La parte de los subsidios estatales era la que más interesaba a Bonadío ya que le permitió investigar a los directivos del holding Cometrans. Estaba convencido de la existencia de un supuesto «desvío de fondos públicos». Una jugada arriesgada, cuyo objetivo fue ampliar un expediente que en sus albores sólo investigaba las causales del accidente ferroviario. El juez había dispuesto peritajes sobre las finanzas del holding de la familia Cirigliano, pero no tardó en hallar dificultades, especialmente en el momento de replicar la contabilidad de un mes tipo de la compañía. El resultado no fue el que esperaban en su despacho y el mayor avance lo realizó en torno a los gastos realizados con las tarjetas de crédito corporativas. Una proporción mínima, si se considera la cantidad de dinero que la firma recibió del Estado.
Convencidos de una presunta animosidad de Bonadío (que en 2012 ordenó la detención de Claudio Cirigliano), los abogados de la empresa pidieron a la Sala I de la Cámara que esta parte del expediente sea investigada por Ramos, quien tiene a su cargo una investigación anterior sobre subsidios estatales abierta a raíz de una denuncia de diputados de la Coalición Cívica. Ese expediente, de hecho, tiene un capítulo entero dedicado a Cometrans. Esto fue determinante para que los camaristas decidieran apartar a Bonadío.
Previamente la Sala II de la Cámara había enviado la investigación por el caso Menghini Rey al juzgado de Lijo. Los camaristas entendieron que el caso ameritaba un juez completamente dedicado a la cuestión aunque, ante un pedido similar del fiscal Federico Delgado, anteriormente habían respaldado a Bonadío. En esta cuestión habrían jugado un rol determinante los informes de la Policía Federal sobre las decisiones del juez en la escena de la tragedia.
Cuando culmine la feria, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah deberán definir sobre las apelaciones presentadas por los ejecutivos de TBA y los exfuncionarios de la Secretaría de Transporte contra la decisión de Bonadío de procesarlos. Ahora el magistrado sólo investiga los causales directos de la tragedia.


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