Ley de desalojos divide a los bloques

Los proyectos de reforma a la ley que estipula los desalojos de viviendas usurpadas en la Capital ya se perfilan como un nuevo escenario de confrontación entre el kirchnerismo y el PRO en la Legislatura. La puja salió a la luz, ayer, durante la presentación del Presupuesto 2013 del Consejo de la Magistratura porteño. Chicanas y comentarios irónicos entre Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo, y el diputado Martín Ocampo le aportaron emoción a una audiencia de perfil técnico en la cual el cuerpo colegiado pidió $ 1.036 millones de presupuesto para el próximo ejercicio (un 13,5% por encima de lo que había previsto el Ministerio de Hacienda).

La presentación de Olmos transcurría sin grandes discusiones hasta el apartado dedicado a la política judicial. El titular del Consejo expresó que desde su posición había aportado al debate para reformar del Código Procesal Penal de la Ciudad respecto de los desalojos ordenados por los jueces. La oposición a la administración de Mauricio Macri sostiene que deberían sumarse nuevos parámetros al momento en el cual los jueces deciden desalojos, especialmente con respecto al trato para con las personas que deben abandonar la propiedad que ocupan en forma ilegal.

Se trata de una discusión habitual que tuvo su eco en el Consejo porteño cuando en julio se debatió un pedido de remoción de la jueza María Fernanda Bota, quien había decidido el desalojo de 33 familias de un hotel de Constitución. En esa ocasión los representantes del PRO respaldaron a la jueza.

«Desde el Consejo hemos aportado al debate legislativo, aunque ésta no sea una de las creencias del diputado Ocampo», señaló Olmos cuando se explayó sobre el tema en referencia a la negativa del diputado para la intervención del Consejo en el plano legislativo. Divertido, Ocampo, que es el titular de la Comisión de Justicia, le respondió: «No tengo creencias, tengo saberes». Olmos dobló la apuesta: «Su saber es limitado, si quiere interpretar la ley, integre el Tribunal Superior de Justicia, sólo falta que nos digan sobre qué podemos opinar».

Como en un teatro de comedia, intercambiaban bromas y risas los diputados Rafael Gentili (Proyecto Sur), María José Lubertino (Frente para la Victoria) y Cristian Ritondo (PRO), entre otros que se acercaron al Salón Montevideo de la Legislatura.

En el PRO rechazan modificaciones respecto de los desalojos ya que entienden que son decisiones que se deben tomar con urgencia y de acuerdo con el reglamento. En ese sentido respaldan la tesis del fiscal general, Germán Garavano, quien sostuvo que la intención de Olmos es «influir sobre las decisiones de los jueces».



El proyecto de presupuesto del Consejo para 2013 que alcanza a 1.036 millones tiene como uno de sus objetivos contar con un distrito judicial en la zona sur de la Ciudad para ubicar allí toda la primera instancia de los dos fueros porteños. En ese sentido Olmos detalló que actualmente la Justicia porteña ocupa 28 propiedades. También pretende impulsar la Justicia vecinal y la mediación penal. La cifra supera lo estimado por el Ministerio de Hacienda en el proyecto, discusión que intentará saldar en el debate de comisiones.