Otro fallo frena reforma (pero salva cautelares)

Guillermo Moreno

El Gobierno sufrió ayer el primer revés procesal en el fuero Contencioso Administrativo federal cuando la jueza Liliana Heiland emitió una medida cautelar contra la reforma al Consejo de la Magistratura. La presentación había corrido por cuenta de dos abogados de grandes estudios de la City. A diferencia de los fallos adversos de San Nicolás y Mar del Plata, en este caso la jueza no se pronunció contra el límite a las medidas cautelares que afectan al Estado. Los abogados del oficialismo vuelven a recibir malas noticias de un fuero en el cual han sabido litigar con éxito. Tienen cinco días para apelar y la pelea viaja a la cámara.

Tal como había adelantado este diario, el fallo adverso se palpitaba desde el pasado viernes. La demanda contra la reforma al cuerpo colegiado fue efectuada por Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge, abogados del ámbito empresarial y que conocen los vericuetos propios del fuero en el cual se dirime la constitucionalidad de los actos del Estado. Estos letrados sabían, al igual que otros demandantes, que las mayores chances de encontrar eco en sus reclamos en la primera instancia estaban en los juzgados de Heiland y de María José Sarmiento.

El fallo de la jueza, cercana a la lista Bordó (de estilo tradicional), fue contundente contra la reforma. Consideró jurisprudencia de la Corte Suprema y recordó múltiples pactos internacionales a los cuales la Constitución ha suscripto. "Los objetivos del artículo 114 de la CN podrían transformarse en letra muerta, en tanto la norma cuestionada obliga a cumplir un perfil eminentemente político, lesionando, como se vio, expresas disposiciones constitucionales que hacen a la forma republicana de gobierno", expresa el fallo.

Un detalle: Heiland evitó pronunciarse sobre la legitimación de Lipera y Fonrouge como demandantes. Los letrados lo hicieron desde la agrupación de abogados "Será Justicia" y la jueza decidió definir este aspecto cuando trate la cuestión de fondo. Decisión atípica desde el punto de vista procesal, ya que antes de entender un reclamo se debe considerar si quien lo realiza goza de legitimación.

Sin embargo, el fallo circuló entre secretarios letrados del máximo tribunal. Recibió comentarios favorables y se lo entendió como fundado en la verosimilitud del derecho. Las constantes alusiones a la necesidad de un Poder Judicial despolitizado y distinto al espectro legislativo recordaron el fallo sobre la ley de medios que rubricaron los camaristas del fuero civil y comercial Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni. Comparaciones necesarias en tiempos turbulentos, cuando la política y la Justicia juegan un partido diario en los tribunales.

En la Procuración del Tesoro, donde despachan los letrados del oficialismo, el fallo se entendió como la confirmación de indicios inquietantes. Semanas atrás, cuatro de las cinco salas de la cámara del fuero contencioso revocaron las multas de Guillermo Moreno a las consultoras privadas que miden la inflación. En ese sentido, también sorprendió el silencio de los jueces de primera instancia, que recibieron las primeras demandas el lunes 27 de junio. Ninguna fue desestimada "in limine".

Estos jueces no conciben la creación de una nueva instancia de Casación por encima de la cámara. Acostumbrados a tener a la Corte como segunda instancia revisora, entienden como inviable una Casación (propia de los procesos orales) en un fuero escrito. Al mismo tiempo, limitaría su poder de fuego en el momento de entender en expedientes que involucran al Estado con particulares pero también con grandes corporaciones.

La cautelar lograda alimenta las posiciones actuales de Fonrouge y Lipera. El primero, del Estudio Cassagne, es el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad, mientras que el segundo cosecha adhesiones, desde hace semanas, para desembarcar como candidato a suceder a Jorge Rizzo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.