San Luis endurece condición para firmar Pacto Fiscal

Rodríguez Saá, único gobernador que no adhirió al acuerdo con Macri, negocia con el Ministerio del Interior. Pide compensación para bajar juicio.

Alberto Rodríguez Saá y Rogelio Frigerio.

Para completar el cartón del acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias que sellaron el pacto fiscal, la Casa Rosada sigue negociando con San Luis, el único distrito que no desenfundó lapicera la semana pasada y que pretende una cifra más alta que la ofrecida por Nación para bajar su demanda por la deuda reconocida por la Corte Suprema por la retención del 15% de los fondos coparticipables para financiar a la ANSES y AFIP entre 2009 y 2015.

El Consenso Fiscal, que ahora deberá revalidarse en las Legislaturas provinciales (donde se anticipan pulseadas entre oficialismos y oposiciones) implica que las provincias desestimen sus demandas contra el Gobierno nacional. El otro distrito en situación similar a la puntana era Santa Fe, cuyo gobernador Miguel Lifschitz (Frente Progresista Cívico y Social) hace un mes había vuelto a la Corte para reclamar los $50.000 millones que le correspondían a la provincia, según cálculos de actualización del monto efectuados por su Gobierno.

Pero mientras Lifschitz terminó adhiriendo a la propuesta tras renegociar montos en bonos, el vice de San Luis, Carlos Ponce, se retiró sin firmar. "Entendimos que era insuficiente y muy rápido para definir a horas de firmar el acuerdo",señaló Ponce.

Ahora, en el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio tendrán que acercar posiciones. El propio ministro dijo que "el hecho de que San Luis no haya firmado no implica que no lo pueda hacer en los próximos días", y el secretario del Interior, Sebastián García de Luca, aseguró que siguen negociando. Sin embargo, desde el Gobierno nacional indicaron a este medio que "no hubo novedades hasta ahora". Para San Luis, ya corren los diez días establecidos desde el jueves pasado para adherir al pacto.

En el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá saben que la situación difiere de la santafesina. El camino que tomó Lifschitz el mes pasado cuando dio por terminadas las negociaciones con la Casa Rosada los puntanos lo habían iniciado en febrero de 2016, cuando presentaron su liquidación final. Y a principios de octubre el Máximo Tribunal intimó a ambas partes a que se pongan de acuerdo por el monto a liquidar. San Luis exige $17.000 millones de monto actualizado, a lo que se suman otros litigios que superarían en total los $40.000 millones.

Haber acortado los tiempos le da un margen mayor a San Luis, que podría, de no alcanzar un acuerdo, esperar una nueva sentencia. Inclusive, la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, calificó como "un apriete" la propuesta.

"Tenemos dos juicios ganados con sentencia de la Corte Suprema, esperando que sean pagados. Además, tenemos 14 juicios con posibilidades de ser ganados. La provincia hizo una propuesta por $42 mil millones y el Gobierno nacional respondió con una oferta de $2 mil millones en bonos", aseguró la ministra. Además consideró "una barbaridad lo que hicieron los gobernadores, porque han cedido derechos de juicios por un bono a diez años que no les representa ni el dos por ciento del stock de deuda". "Toda una movida a favor de la provincia de Buenos Aires", indicó.

Por su parte, el fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende, aseguró que "San Luis quiere dialogar". "Tenemos toda la voluntad de diálogo, pero éste debe ser sincero y fructífero", dijo, con un tono más conciliador.