Se reanuda jury contra los jueces de Misiones

El jurado de enjuiciamiento contra los jueces de instrucción de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey finalmente se despabiló con la reanudación de actividades después de la feria judicial. Ambos magistrados son investigados por presunto mal desempeño, a raíz de la causa que investiga las escuchas supuestamente ilegales al empresario Carlos Ávila y a Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, entre otras víctimas vinculadas al mundo empresarial y político.

Todas esas intervenciones fueron ordenadas por Gallardo y por Rey en causas con las que supuestamente ninguno de los intervenidos tenía nada que ver. En octubre pasado, el juez a cargo de la investigación, Norberto Oyarbide, denunció a los dos jueces y pidió su destitución en el Consejo de la Magistratura de Misiones, luego de que ambos se negaron a presentar a declarar en Buenos Aires y se ampararon en sus fueros.

Si bien el pedido de Oyarbide fue rechazado por el Consejo con el argumento de que sólo los ciudadanos de Misiones podían presentar denuncias en la provincia, una investigación interna sobre los jueces fue impulsada por el jurado de enjuiciamiento y por el Tribunal Superior de Justicia de Misiones, que, además, los suspendió en sus funciones.

Avance

Con el término de la feria judicial, el caso empezó a avanzar en el Consejo de la Magistratura, reforzado por una denuncia por presunto mal desempeño y supuesta asociación ilícita contra Gallardo y Rey, presentada por el abogado Juan Diez, ciudadano de esa provincia. La semana pasada, el secretario penal Marcelo Ozuna vino a Buenos Aires en representación del Consejo para obtener copias de parte de la causa que tramita en la secretaría a cargo de Gustavo Russo y llevarlas a Misiones.

Este material se sumó al que ya tiene el jurado de enjuiciamiento de esa provincia, que ya se reunió varias veces para empezar a analizar el caso. El proceso sería bastante rápido, debido a la complicada situación de los jueces misioneros: en marzo serían destituidos de sus cargos, lo que permitiría a Oyarbide ordenar su arresto para indagarlos.

En la causa ya están procesados por presunta asociación ilícita los policías misioneros Raúl Alberto Rojas, Diego Gastón Guarda, Rubén Quintana, David Santiago Amaral y Augusto César Fernández, quienes habrían sido la conexión local del supuesto espía Ciro James, principal imputado en el caso, en todas las intervenciones. La misma medida recayó sobre las secretarias de los juzgados de Gallardo y de Rey, Mónica Elizabeth González y Lidia Beatriz Kruchowsky, respectivamente, así como los funcionarios judiciales Fernando Javier Casteli y Augusto Gregorio Busse.

Todos ellos fueron indagados y procesados sin prisión preventiva, a diferencia de James y del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, principales imputados en la pesquisa. La declaración de Gallardo y de Rey resulta central en este punto, ya que ellos fueron quienes ordenaron todas las intervenciones irregulares. Entre las víctimas de las escuchas se encuentran el cuñado de Mauricio Macri, Néstor Leonardo, dos gerentes de la empresa Coto y el abogado Francisco Cástex, además de Burstein y de Ávila.