Seguridad: habilitan derribos por decreto

Patricia Bullrich.

 El Gobierno decretó ayer por un año la "emergencia de seguridad pública" con el alegado propósito de dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas para combatir "el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico". La norma contempla, entre otros aspectos, la posibilidad por parte de las Fuerzas Armadas de derribar aeronaves en el espacio aéreo argentino y la convocatoria a personal de seguridad en situación de retiro. E incluye, entre las figuras contempladas por los alcances del decreto, las asociaciones ilícitas "organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales".

El decreto, que se publicará en el Boletín Oficial y cuya vigencia puede ser prorrogada por un segundo año, apunta a "revertir la situación de peligro colectivo" generada por delitos complejos, informó anoche el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich. Uno de los aspectos llamativos de la norma es que abreva en la ley antiterrorista sancionada durante el Gobierno de Cristina de Kirchner a la hora de incorporar figuras delictivas sujetas a la persecución bajo la nueva modalidad.

Entre los delitos contemplados se encuentran "producción, tráfico y comercialización de estupefacientes", el "contrabando de armas y de estupefacientes", los relacionados con "las actividades de una asociación ilícita calificada" destinada a atentar contra la Constitución nacional o a llevar a cabo actos terroristas, de acuerdo a los postulados de la legislación reformada en 2011.

Aquella ley establece agravantes en las penas cuando las asociaciones ilícitas se hubieren formado para "aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Al momento de su debate parlamentario hubo controversia entre el anterior Gobierno y grupos sociales que lo respaldaban, que interpretaban la norma como una puerta abierta a la represión de la protesta social. Para despejar dudas quedó aclarado en el articulado que los agravantes en las penas no se aplicarían cuando los hechos se produjeran "en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".

Mientras que la norma anunciada anoche también prevé la persecución bajo los parámetros de la emergencia de las actividades de asociaciones ilícitas comunes (las contempladas en el artículo 210 del Código Penal) "organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, o los de fraude contra la administración pública". Otros delitos que quedarán bajo el nuevo encuadre serán la prostitución de menores y la pornografía infantil, la financiación del terrorismo y la extorsión, así como la trata de personas.

En otro capítulo flexibiliza los mecanismos para la adquisición de material necesario para "incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional". Autoriza, además, al Ministerio de Seguridad para "convocar personal retirado" de las fuerzas de seguridad en tanto "no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias".

Seguridad le propondrá al Poder Judicial la interconexión de su sistema de información con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. El decreto crea un "Operativo Fronteras" que reemplazará al vigente "Escudo Norte" que había sido creado durante la gestión de Nilda Garré, en 2011, con el propósito de incrementar el control fronterizo.

El decreto, en uno de los puntos que promete más controversia, establece "la aprobación de reglas de protección aeroespacial", a cargo de las Fuerzas Armadas, "orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino". "Serán declaradas 'hostiles' aquellas naves cuando tengan entidad suficiente para perturbar, poner en riesgo o causar un daño en el territorio nacional", añade la norma, que dispone sin debate parlamentario la habilitación del derribo de aviones sospechosos. Ese aspecto había sido eje de la campaña electoral y una de las banderas de la candidatura presidencial de Sergio Massa.

Para la coordinación de las tareas surgidas de la aplicación del decreto, el plan prevé la creación de un "gabinete de seguridad humana" que tendrá a su cargo el monitoreo y aplicación de los postulados en todas las áreas del Ejecutivo involucradas. Por caso, el refuerzo de todos los medios de transporte aéreo será puesto en cabeza de los responsables de los ministerios de Seguridad, Defensa y Transporte.