Suman $ 1.400 millones para las obras sociales

Hugo Moyano

El Gobierno cumplirá esta semana la segunda y última etapa de los compromisos que asumió con la CGT oficial. Tras la exención en el pago de Ganancias del aguinaldo, se publicarán dos resoluciones que generarán un alivio financiero estimado en 1.400 millones de pesos para las obras sociales sindicales. Una de ellas apuntará a la cobertura de los tratamientos por discapacidad, y la otra actualizará el valor que el PAMI paga por cada jubilado atendido por los gremios. Las medidas se darán a conocer en consonancia con el paro dispuesto para mañana por la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli.

La resolución de mayor impacto económico será la creación de un nuevo sistema de reintegros para las prestaciones que brindan las organizaciones de salud de los sindicatos a sus afiliados discapacitados. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) creará un padrón de pacientes con discapacidad que generará, a partir del 1 de marzo próximo, reintegros automáticos y vitalicios por los tratamientos de las obras sociales.

Hasta ahora, como sucede con las prestaciones más complejas y costosas (trasplantes, VIH, cáncer o hemofilia), las organizaciones de los gremios debían presentar expedientes individuales ante el Estado para obtener los reembolsos por los valores pagados. Una vez vigente el nuevo Sistema Único de Reintegros por Prestaciones Otorgadas a Personas con Discapacidad, las obras sociales comunicarán a la Superintendencia su nómina de pacientes en esas condiciones, y desde entonces percibirán todos los meses el equivalente a los valores pagados por ítems como transporte, guarderías, tratamientos de rehabilitación o centros de día.

Una resolución previa de la SSS, la 1.200, había retirado los reintegros que el Estado hacía de esas prestaciones, lo que había generado días atrás movilizaciones de repudio en el centro porteño y críticas directas de Moyano.

La decisión de la superintendente Liliana Korenfeld fue adoptada a instancias de las negociaciones que mantuvo con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el dirigente de la CGT de Antonio Caló comisionado para acordar las modificaciones a esa resolución.

En paralelo, el Ejecutivo prometió la firma de una resolución conjunta entre los ministerios de Economía, Salud y Trabajo, que aplicará una suba del 29,7% sobre los valores que el PAMI les abona a las obras sociales que atienden a jubilados. La cápita pasará de los actuales $ 148 a $ 192, y tendrá efecto retroactivo a enero de 2011. De este modo, las organizaciones que tengan a esos pacientes percibirán por el año pasado alrededor de $ 185 millones, y otro tanto por 2012.

Se calcula que unos 350 mil jubilados del PAMI optaron por atenderse en sus obras sociales de origen. Los gremios con mayor volumen de jubilados son los de servicios públicos privatizados, como Obras Sanitarias, Luz y Fuerza, telefónicos, Unión Ferroviaria y otros caracterizados por tener una red prestacional extensa, como Comercio. La cápita permanecía sin actualizar desde fines de 2010 y los sindicatos reclamaban ajustarla por la inflación acumulada en los últimos dos años.

«Se logró lo que planteamos desde la CGT y fueron muy positivas las reuniones de trabajo. No era todo lo que pedíamos, pero tenemos diálogo permanente», le dijo a este diario Lingeri.