El costado social de las políticas inflacionarias

Juan Pablo Chiesa, Abogado. Especialista en trabajo y Magister en empleo e innovación judicial. Diplomatura en IA aplicada a la gestión en entornos digitales, explica cómo las políticas para controlar la inflación impactan en el tejido social y laboral, a menudo generando desafíos profundos que requieren un abordaje integral.

El desafío actual es lograr políticas integrales que equilibren objetivos macroeconómicos con una agenda clara de inclusión social y protección laboral. 

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Cuando los gobiernos toman medidas para controlar la inflación, generalmente apelan a decisiones drásticas o intervenciones rápidas que buscan estabilizar los precios y recuperar cierta previsibilidad económica. Sin embargo, detrás de esos números que reflejan índices de inflación más controlados, subyace una realidad mucho más profunda y delicada: el impacto en el tejido social y en el mercado laboral. Estas consecuencias suelen quedar relegadas o minimizadas en la narrativa oficial, pero son cruciales para entender por qué la inflación no es solo un problema económico, sino esencialmente social y laboral.

Las políticas antiinflacionarias clásicas, como la suba abrupta de tasas de interés, el congelamiento de precios o la reducción drástica del gasto público, tienen impactos directos e inmediatos sobre la sociedad.

La primera consecuencia que se observa es una restricción del consumo interno. Las familias y los trabajadores sienten en carne propia la disminución del poder adquisitivo debido a salarios que pierden frente a la inflación acumulada y tasas de interés que complican el acceso al crédito. De repente, los hogares ven reducido su margen de maniobra económico para enfrentar necesidades básicas.

Pero más allá del efecto inmediato, la dinámica laboral sufre enormemente ante estas políticas restrictivas. Al enfriarse la economía para combatir la inflación, el sector privado naturalmente ajusta costos, lo que con frecuencia implica despidos, reducciones salariales, precarización laboral y aumento del empleo informal o clandestino. La consecuencia directa es una sociedad más vulnerable, más fragmentada y menos cohesionada. Los efectos de esta dinámica se proyectan a largo plazo, profundizando desigualdades preexistentes y erosionando la capacidad de recuperación del mercado laboral.

A nivel internacional, podemos analizar experiencias recientes. Por ejemplo, en países como Brasil o México, las políticas monetarias restrictivas para controlar rápidamente la inflación han generado importantes retrocesos sociales. Si bien en ciertos casos lograron controlar los índices inflacionarios en el corto plazo, los costos sociales se tradujeron en incrementos significativos de la pobreza, informalidad laboral y reducción drástica del bienestar social general.

Argentina ha experimentado repetidamente ciclos similares. Programas de estabilización como el Plan Austral en los años ochenta o la convertibilidad en los noventa lograron reducir la inflación en períodos específicos, pero dejaron cicatrices profundas en el entramado social. Especialmente el desempleo estructural que se generó durante la década del noventa, el cual aún tiene efectos palpables en la actualidad.

Una mirada crítica y contemporánea debe incluir necesariamente un enfoque social y laboral para abordar políticas inflacionarias efectivas. Las decisiones económicas que tienen por objetivo controlar la inflación deben acompañarse inexorablemente de políticas públicas que protejan al trabajador, fortalezcan las redes de protección social y sostengan el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Por ejemplo, frente a la elevación de tasas de interés, debería impulsarse simultáneamente un programa robusto de contención social, como subsidios temporales dirigidos, políticas activas de empleo que fomenten la formalización laboral y mecanismos de apoyo específico a pequeñas y medianas empresas. Solo así podría mitigarse el efecto social negativo sin perder de vista el objetivo central: contener la escalada inflacionaria. Además, la tecnología y la inteligencia artificial ofrecen oportunidades inéditas para implementar políticas antiinflacionarias más eficientes y menos dañinas socialmente. La automatización inteligente, por ejemplo, permite al Estado diseñar sistemas de monitoreo en tiempo real que mejoren la efectividad de los controles de precios, minimizando intervenciones bruscas que afectan directamente al consumidor. Asimismo, la IA aplicada a la justicia laboral podría mejorar sustancialmente los tiempos de resolución de conflictos laborales, reduciendo costos para empresas y empleados, y generando un mercado laboral más estable y predecible.

Es fundamental que los gobiernos entiendan que reducir la inflación no es una tarea meramente técnica, ni un logro que pueda presentarse aislado de su contexto social. Una verdadera política antiinflacionaria exitosa debe medirse también por su capacidad para evitar daños colaterales sobre el empleo, el ingreso familiar y la estabilidad social.

En definitiva, el desafío actual es lograr políticas integrales que equilibren objetivos macroeconómicos con una agenda clara de inclusión social y protección laboral. La inflación controlada, sin un entramado social fortalecido, termina siendo un triunfo efímero y peligroso. El verdadero éxito llegará cuando las políticas públicas sean capaces de contener la inflación al mismo tiempo que robustecen el mercado laboral y consolidan el bienestar social, asegurando así un futuro económico sostenible y equitativo para todos los ciudadanos.