El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la anulación del acuerdo con grupos mapuches por el conflicto en referencia a tierras localizadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. " Argentina no negocia con terroristas", apuntó el funcionario en su mensaje.
El Gobierno anuló la cesión de terrenos del Parque Nahuel Huapi a grupos mapuches: "Argentina no negocia con terroristas"
Así fue confirmado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El anuncio se hizo público el día después de la condena a siete integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
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La medida se hizo pública un día después de que se anunciara la condena a siete integrantes de la comunidad "Lafken Winkul Mapu", que en noviembre de 2017 habían usurpado siete hectáreas pertenecientes a Parques Nacionales. “Anulamos de forma definitiva la cesión realizada por el gobierno anterior e incitamos a las fuerzas de seguridad a que desalojen esas tierras de sus usurpadores", detalló el responsable de la cartera de Justicia.
El Gobierno anunció la anulación del acuerdo con grupos mapuches
El ministro de Justicia de la Nación confirmó la decisión a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X. Allí, Cúneo Libarona fue tajante y detalló: "Argentina no negocia con terroristas".
"Durante 6 años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras", agregó el funcionario quién luego concluyó: "Eso se terminó, anulamos ese acuerdo".
Durante la anterior administración Nacional, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, intercedió ante al juez Hugo Greca para detener el proceso judicial que había iniciado Parques Nacionales ante la toma de los terrenos. El planteo de la gestión de Fernández fue crear una mesa de diálogo entre el Gobierno y los grupos Mapuches para lograr un acuerdo, que preveía la cesión de las tierras.
En el marco del “Tercer Encuentro de la Mesa de Diálogo con comunidades del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche de la Patagonia”, el Gobierno anterior se había comprometido a reconocer “el REWE como sitio sagrado para el Pueblo Mapuche a fin de que la Machi Betiana Colhuan pudiera ejercer sus tareas espirituales y medicinales” y a otorgar el permiso de uso del terreno ubicado en la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Sobre este acuerdo, el actual ministro de Justicia fue crítico y aseguró: “hace años que grupos autodenominados mapuches vienen tomando a la fuerza tierras públicas y privadas y lejos de aplicar las sanciones que la ley prevé para estos crímenes, el gobierno anterior optó por regalarle dichas tierras del Estado a estos delincuentes”.
Además, Cúneo Libarona afirmó que los grupos mapuches involucrados en el acuerdo "han estado implicados en reiterados actos de usurpación y destrucción de bienes públicos y privados en nuestro país”. De esta manera, ejemplificó que “en el año 2022 el grupo lof Lafken Winkul Mapu incendió deliberadamente la cabaña “Los Radales” y un puesto de Gendarmería Nacional en Río Negro".
“Estas acciones criminales atentan no solo contra el patrimonio nacional sino también contra los derechos de todos los argentinos”, sentenció el ministro.
Condenaron a 7 mapuches por usurpación de tierras en Villa Mascardi
En la previa del anuncio de Cúneo Libarona, el Juez federal Hugo Greca condenó a dos años de prisión en suspenso a siete miembros de la comunidad mapuche "Lafken Winkul Mapu". Según la Justicia, los mismos fueron declarados culpables por delitos de atentado, resistencia a la autoridad y usurpación, por la ocupación de dos predios en Villa Mascardi, Río Negro.
Los hechos por los cuales fueron condenados los miembros de la comunidad mapuche ocurrieron entre 2017 y 2022 cuando un grupo de personas ingresaron a un predio perteneciente a Parques Nacionales. Todos los predios ocupados sobre la ruta 40 fueron finalmente desalojados en octubre de 2022, durante un operativo del que participaron la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Sobre los condenados, cuatro de ellos - Martha Luciana Jaramillo, Maria Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylen Tapia, recibieron una pena de dos años de prisión con ejecución en suspenso. La misma remite la obligación de fijar domicilio por ese plazo, además de someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de la provincia de Río Negro.
Por su parte, Yessica Fernanda Bonnefoi recibió una pena de dos años y dos meses de prisión, condenada como coautora del delito de usurpación. Por último, Joana Micaela Colhuan y y Gonzalo Fabián Cona fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel en suspenso.
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