El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de las tarifas de electricidad y gas natural en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que entrará en vigencia a partir del 1° de febrero de 2026. La medida se inscribe en la política de reordenamiento tarifario y reducción progresiva de subsidios energéticos.
Aumentan la luz y el gas en el AMBA desde febrero: oficializaron los nuevos cuadros tarifarios
El ENRE y el ENARGAS autorizaron subas en distribución eléctrica y actualizaron el esquema del gas, en línea con la reducción gradual de subsidios
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El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de las tarifas de electricidad y gas natural en el AMBA.
Las disposiciones fueron publicadas durante la madrugada en el Boletín Oficial y llevan la firma del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la Secretaría de Energía. El nuevo esquema impactará en usuarios residenciales, comercios, empresas, entidades de bien público y clubes barriales, con un sistema de precios y bonificaciones focalizadas.
Gas: nuevos cuadros tarifarios y precio anual uniforme
En materia de gas natural, el ENARGAS aprobó los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas mediante la Resolución 48/2026, que deberán aplicarse desde febrero.
Por primera vez, las boletas incorporarán de manera explícita el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural, calculado según los lineamientos del Plan Gas.Ar, junto con las bonificaciones previstas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La normativa establece que las bonificaciones se aplicarán únicamente sobre el PAU, y no sobre precios derivados de compras de gas fuera del plan. Además, se instruyó a la distribuidora a informar la implementación de estos cambios tanto a subdistribuidores como a los usuarios.
Desde la Secretaría de Energía aclararon, a través de la Resolución 23/2026, que la estacionalidad seguirá influyendo en el monto de las facturas, especialmente durante el invierno, aunque la uniformidad del precio anual busca atenuar los saltos bruscos en los consumos.
Las empresas productoras, distribuidoras y subdistribuidoras deberán adecuar sus contratos al nuevo esquema y presentarlos ante la Secretaría de Energía y el ENARGAS en un plazo de cinco días, en línea con la estrategia fiscal definida por el Ministerio de Economía.
Luz: subas en EDESUR y EDENOR
En cuanto al servicio eléctrico, el ENRE publicó las resoluciones 45/2026 y 46/2026, que autorizaron aumentos en el costo de distribución para las empresas del AMBA.
Las subas serán del 2,91% para EDESUR y del 2,98% para EDENOR, en comparación con enero de 2026. Los incrementos surgen del mecanismo de actualización automática basado en la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a lo establecido en las revisiones tarifarias quinquenales.
El valor agregado de distribución promedio se fijó en $53,510 para EDESUR y $58,074 para EDENOR. Las empresas deberán detallar en las facturas, de forma visible, tanto el Costo del Mercado Eléctrico Mayorista como los subsidios otorgados por el Estado nacional.
Subsidios y consumo base
Para los usuarios residenciales con subsidio, el esquema vigente prevé bonificaciones sobre un consumo base de 300 kWh en los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y de 150 kWh durante marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.
Además, para 2026 se incorporará una reducción adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre ese consumo base, con posibilidad de ajustes periódicos por decisión de la Secretaría de Energía. El mismo régimen se aplicará a entidades de bien público y clubes barriales.
En el caso del gas, la bonificación del SEF se limitará exclusivamente al precio promedio ponderado anual del Plan Gas.Ar, sin contemplar costos adicionales por gas importado o contratos externos.
Las nuevas tarifas de electricidad y gas comenzarán a regir desde las cero horas del 1° de febrero de 2026. Según los fundamentos oficiales, el objetivo es garantizar la sostenibilidad económica de los servicios públicos, avanzar en la reducción del déficit fiscal y concentrar los subsidios en los sectores de mayor vulnerabilidad social.
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