La industria energética y una tensión persistente: la prioridad para los proveedores nacionales

La industria nacional de bienes para energía vuelve a quedar relegada en grandes proyectos, mientras operadoras y otras compañías del sector incrementan la incorporación de insumos importados.

La discusión, sostienen distintos actores, no es ideológica sino estratégica: ¿qué rol quiere darle Argentina a su industria en el desarrollo energético de las próximas décadas?

En paralelo al avance de los grandes desarrollos energéticos del país -desde Vaca Muerta hasta los nuevos proyectos de gas, petróleo e infraestructura-, un fenómeno inquieta cada vez más a la cadena de valor local: la pérdida de participación de la industria argentina en las compras estratégicas del sector. El caso más reciente, protagonizado por YPF pero aplicable a cualquier otra gran operadora nacional, vuelve a poner bajo la lupa una discusión central para el futuro productivo del país.

Argentina sostiene a sus empresas hidrocarburíferas mediante políticas clave como el "barril criollo", el Plan Gas y los regímenes de promoción a la inversión como el RIGI. Todas estas herramientas, financiadas con impuestos y esfuerzos del conjunto de la sociedad, buscan apuntalar la producción, garantizar inversiones y mejorar la competitividad del sector.

Sin embargo, empresarios pymes, cámaras industriales locales y sindicatos vienen alertando sobre una contradicción que se profundiza: la falta de reciprocidad en la incorporación de productos de fabricación nacional en proyectos que reciben apoyo del Estado. Ya lo había alertado hace unas semana el GAPP, por los proveedores de Vaca Muerta: "valle de actividad", despidos y alta capacidad ociosa.

La industria local de bienes para energía -particularmente la de válvulas, equipos y componentes estratégicos- tiene más de medio siglo de trayectoria, agrupa a miles de trabajadores y posee un nivel tecnológico único en la región. Sin embargo, atraviesa una crisis que ya supera los 16 meses, marcada por caídas en la demanda y un incremento sostenido de importaciones que desplaza producción nacional.

Un caso que expuso el malestar: la compra de válvulas con 85% de origen importado

La situación quedó expuesta la semana pasada, cuando YPF definió el reparto de una compra masiva de válvulas para distintos proyectos. Aunque se trata de un insumo que se produce en el país con capacidad sobrada y certificaciones internacionales, la proporción asignada a productos importados alcanzó un histórico 85%. Traducido al volumen final: de cada 10.000 válvulas, 8.500 serán fabricadas en el exterior.

Si bien la operadora justificó la decisión en términos de costos y competitividad, el impacto en la cadena local no es menor. La producción nacional sostiene alrededor de 50.000 empleos directos e indirectos, con empresas que exhiben estándares internacionales, ingeniería propia, certificaciones API e ISO, laboratorios, bancos de ensayo y equipos técnicos con más de 30 años de experiencia.

Las compañías locales señalan, además, que la diferencia de costo no justifica una sustitución tan masiva. En un proyecto de USD 200 millones, las válvulas representan, como máximo, el 5% del presupuesto. Incluso si el producto importado es entre un 20% y un 30% más barato, el ahorro total equivale apenas al 1,25% de la inversión del proyecto. “Un ahorro marginal”, coinciden técnicos del sector, “que no compensa la pérdida de empleo industrial ni los desafíos de trazabilidad y calidad asociados a ciertos productos importados”.

Seguridad operativa y trazabilidad: un debate técnico que sigue abierto

Otro punto relevante que señalan desde la industria local es el riesgo operativo. Las empresas nacionales cuentan con bancos de prueba propios, controles de calidad internos y trazabilidad total de materiales, tal como exigen los estándares internacionales. Sin embargo, advierten que buena parte de los productos importados no ofrece niveles equivalentes de verificación.

En particular, mencionan que muchos importadores trabajan desde depósitos sin bancos de ensayo capaces de garantizar pruebas hidráulicas o neumáticas de alta presión -algunas cercanas a los 600 Bar o 8.500 PSI-, lo que dificulta garantizar la integridad del equipamiento en operaciones críticas. A esto se suma la imposibilidad de realizar contraensayos completos en origen, lo que afecta la trazabilidad de materiales, soldaduras y certificaciones metalúrgicas.

Un dilema estructural para la política energética

La situación plantea un interrogante complejo para el Estado y para todo el sector energético argentino: ¿puede sostenerse una matriz productiva que financia la actividad hidrocarburífera, pero que no es contemplada como proveedor estratégico en proyectos multimillonarios?

El debate excede a YPF. Empresas públicas, privadas y mixtas, nacionales e internacionales, toman decisiones de abastecimiento que moldean la estructura industrial del país. Y, en esa dinámica, la industria nacional viene perdiendo terreno frente a productos provenientes de China, India, Pakistán u otros mercados que operan con costos laborales y regulatorios muy distintos.

Empresarios consultados señalan que los países que lograron desarrollar cadenas energéticas competitivas son, justamente, los que fortalecieron su industria local, aun en contextos de apertura o libre mercado. Y remarcan que “no todo es costo unitario”: la continuidad productiva, la calidad de la ingeniería local y la seguridad en yacimientos también deben formar parte de la ecuación.

Un llamado a definir un rumbo

La discusión, sostienen distintos actores, no es ideológica sino estratégica: ¿qué rol quiere darle Argentina a su industria en el desarrollo energético de las próximas décadas?

Con un sector en expansión, Vaca Muerta consolidada como el principal polo no convencional fuera de Estados Unidos, y proyectos de gasoductos, midstream, GNL y petróleo en marcha, la definición es urgente.

Para la cadena de valor nacional, el mensaje es claro: la competitividad y la eficiencia son condiciones indispensables, pero no suficientes si las decisiones de compra priorizan sistemáticamente productos importados sin evaluar el impacto en empleo, seguridad industrial y desarrollo tecnológico.

El tiempo dirá si la discusión actual deriva en una política de abastecimiento más equilibrada o si la industria local seguirá perdiendo terreno en un sector clave del futuro energético argentino.