El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) puso en marcha un proceso de consulta pública para discutir cambios relevantes en el esquema de transporte y distribución de gas natural, incluyendo la actualización de cuadros tarifarios provisorios.
Llaman a una consulta pública para redefinir tarifas del gas y el sistema de transporte
El ENARGAS puso en revisión cuadros tarifarios provisorios, factores de carga y contratos del sistema en el marco de la emergencia energética vigente hasta 2027. El objetivo es adecuar el sistema a los cambios estructurales en la red, las fuentes de abastecimiento y la integración de activos del ente energético.
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El objetivo es adecuar el sistema a los cambios estructurales en la red, las fuentes de abastecimiento y la integración de activos de ENARGAS.
DepositphotosLa medida se formalizó a través de la resolución 346/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe dentro de la reconfiguración del sector energético bajo la emergencia vigente, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.
El organismo avanzará en una revisión integral que abarca la reasignación de capacidades de transporte, la modificación de factores de carga, la actualización del gas retenido y ajustes contractuales. El objetivo es adecuar el sistema a los cambios estructurales en la red, las fuentes de abastecimiento y la integración de activos de Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Llaman a una consulta pública para redefinir tarifas del gas y el sistema de transporte
Entre los puntos centrales, se propone modificar de manera provisoria los factores de carga para usuarios residenciales de Camuzzi Gas del Sur S.A. y Naturgy NOA S.A., llevándolos al 45%, mientras que el resto de las distribuidoras mantendría el 35% vigente.
Desde el organismo señalaron que estas empresas presentan desvíos significativos respecto del esquema actual, que hasta ahora aplicaba el mismo criterio para todos los usuarios sin distinguir regiones climáticas, lo que generaba diferencias entre el consumo promedio anual y los picos de invierno.
Además, el ENARGAS revisará los porcentajes de gas retenido en los sistemas de transporte, los costos de operación y mantenimiento de activos de ENARSA y las condiciones de servicio para determinados cargadores con contratos firmes.
La resolución también establece que las distribuidoras deberán contratar transporte firme por un período mínimo de diez años para garantizar la continuidad del suministro, al tiempo que se contempla la implementación de mecanismos de intercambio y desplazamiento para no afectar contratos vigentes.
Otro eje es la puesta en consulta de cuadros tarifarios provisorios y cargos fideicomiso, junto con la posible eliminación de normas consideradas obsoletas en el nuevo esquema regulatorio.
El proceso incluirá participación ciudadana: durante 15 días, el expediente y los informes técnicos estarán disponibles en la web del ENARGAS, y los interesados podrán presentar observaciones de manera virtual. Las definiciones finales se conocerán antes del 1° de mayo, cuando se prevé la entrada en vigencia de los nuevos ajustes tarifarios.
La canasta de servicios se dispara: para una familia de clase media, ya roza los $3 millones mensuales
El proceso de corrección de tarifas y precios relativos sigue impactando de lleno en el bolsillo de la clase media. Según un informe, el costo de la canasta de servicios para una familia tipo ya alcanza los $2.980.339 mensuales en marzo de 2026, lo que representa un incremento del 22,25% respecto de noviembre del año pasado.
El dato no solo refleja la magnitud del ajuste, sino también su composición: el aumento duplica la inflación acumulada del período, según relevó la consultora Focus Market, estimada por debajo del 10%, evidenciando que los mayores incrementos se concentran en rubros que venían rezagados.
El principal gasto continúa siendo el alquiler. Para un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires, el valor promedio pasó de $760.860 en noviembre a $827.599 en marzo. Sin embargo, durante 2025 los alquileres subieron un 51%, muy por encima de la inflación anual, impulsados por la escasez de oferta y la lenta reacción del mercado inmobiliario tras la derogación de la Ley de Alquileres.
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