Mesa del Cobre: gobernadores analizan la reglamentación de la ley de Glaciares

Los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy) reclamaron que cada provincia defina su propio criterio para glaciares, destacaron el impulso al cobre y apuntaron a una relación política más federal con el Gobierno de Milei.

Mesa del Cobre. El grupo lo integran las provincias de Mendiza, Jujuy, Catamarca, San Juan y Salta.

Los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy) lanzaron un claro mensaje al Gobierno nacional, antes de ingresar a la reunión de la Mesa del Cobre en Mendoza: reclaman que cada provincia minera tenga la potestad para reglamentar la Ley de Glaciares de acuerdo con su realidad geográfica y sus proyectos mineros.

“Tenemos la posibilidad de generar un espacio que tiene que ver con las actividades que desarrolla la empresa del cobre, donde podamos compartir experiencias con inversores, y también articular políticas proactivas para el futuro de la minería”, dijo Orrego en su alocución. Según él, hay una combinación favorable en este momento: “tenemos estabilidad fiscal, seguridad jurídica”, mencionó, y señaló que la aprobación del RIGI dio un impulso clave para atraer inversiones al sector minero.

Pero para Orrego hay un tema fundamental: la Ley de Glaciares. Propuso una doble vía para su reglamentación. “Puede hacerse por decreto reglamentario, que depende únicamente del Presidente de la Nación, o podría generarse una ley donde la autoridad de aplicación por provincia fije qué es un glacial o un periglacial”. Esa autonomía, a su juicio, permitiría destrabar proyectos mineros estratégicos y adaptarlos al territorio de cada jurisdicción.

Por su parte, Sadir coincidió con esa visión: “Algunos gobernadores pueden compartir la idea de que debe resolverse en cada provincia, para que cada jurisdicción determine cuáles sectores pueden habilitarse”, dijo. Para él, la normativa actual está “muy trabada” y concede poca flexibilidad frente al potencial minero del país.

Más allá del glaciar: una apuesta clara por el cobre

Los dos mandatarios no se limitaron al tema ambiental. También destacaron el potencial del cobre como motor para el desarrollo de sus provincias y para un proyecto de largo plazo. Orrego subrayó que estamos ante un momento clave para la transición energética: “Para que exista energía limpia, se necesitan minerales críticos: el litio y el cobre son estratégicos”, señaló. A su juicio, San Juan y Mendoza están “muy bien posicionadas” para ser protagonistas de esa transformación.

Además, señaló que la minería no solo es una cuestión económica, sino social: “Queremos que se generen fuentes de trabajo directas e indirectas, cadenas de proveedores, que se beneficie la gente y no solo las empresas”. Y resaltó la relación institucional que mantiene con Mendoza para avanzar juntos: “trabajamos con todas las empresas y desde nuestra provincia tenemos una enorme historia de inversiones y exploración”, dijo.

Las provincias mineras -sobre todo San Juan, que concentra seis de los diez grandes proyectos de cobre del país- hace meses reclaman ordenar quién decide qué.

Sadir, por su parte, también señaló la importancia de articular con el gobierno nacional: reclamó un diálogo “fluido” y pidió “federalizar” las políticas de obra pública para mejorar la infraestructura en su provincia. Pero además, planteó la minería como parte de un proyecto más amplio: “Queremos que Argentina le vaya bien, y para eso necesitamos trabajar juntos nación y provincias”, afirmó.

Tres caminos sobre la mesa para la Ley de Glaciares

El reclamo de Orrego y Sadir se enmarca en un debate más amplio. Según reporta Ámbito, hay tres vías posibles para redefinir la normativa:

• DNU presidencial: rápido de implementar, pero vulnerable. Permitiría al Ejecutivo definir por decreto nuevos criterios para glaciares y periglaciares.

• Ley aclaratoria en el Congreso: opción más robusta y con respaldo jurídico, donde las provincias tendrían un rol clave para definir zonas protegidas en su territorio.

• Intervención de la Corte Suprema: algunos actores mencionan la posibilidad de que el máximo tribunal convoque a provincias y nación para concertar una solución. Esa vía ya fue mencionada por la Corte en fallos previos como parte del modelo de “federalismo de concertación”.

Orrego y Sadir ponen sus fichas en la segunda alternativa, argumentando que dar protagonismo a las provincias no sólo democratiza la gestión, sino que desbloquea inversiones.

Política y minería: un vínculo cada vez más estratégico

El reclamo de los gobernadores se produce en un momento de fuerte activación política: el presidente Javier Milei ya confirmó que impulsará una norma para redefinir la zona periglacial, tanto por decreto como por ley, y recibió apoyo de mandatarios cordilleranos.

Milei lo dijo con su estilo frontal, sin matices. “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar nuestros recursos naturales”, subrayó el jefe de Estado.

La estrategia oficial parece tener doble objetivo: atraer inversiones en cobre y litio mientras consolida una base política “dialoguista” con gobernadores claves. Según analistas, el Gobierno busca cerrar acuerdos para presentar la reforma en sesiones extraordinarias y asegurar respaldo parlamentario. La fecha tentativa a tratar este tema en recinto sería marzo del 2026.

Un mensaje claro a la Nación

Orrego y Sadir lanzan un mensaje muy potente desde Mendoza: quieren un nuevo federalismo ambiental, donde las provincias decidan qué zonas glaciares pueden explorarse, pero siempre con un marco científico y responsable. Al mismo tiempo, apuestan por que el cobre sea el motor que impulse la economía regional y nacional, junto con inversiones, empleo y desarrollo sostenible.

En su visión, no se trata de sacrificar el patrimonio natural por los negocios, sino de integrar ambos elementos para que la minería crezca con reglas claras y con la participación activa de las provincias. Y para lograrlo, llaman al Gobierno nacional a escuchar, concertar y avanzar antes de que la oportunidad quede solamente en discurso.