Privatización de represas: el Gobierno habilitó a siete empresas para competir

El objetivo es licitar las cuatro represas más importantes del Comahue -Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados-Planicie Banderita.

Represas del Comahue. El Gobierno proyecta recaudar alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos hidroeléctricos.

El Gobierno dio un nuevo paso en la privatización de cuatro represas hidroeléctrica del Comahue, claves en la generación de energía eléctrica. El Ministerio de Economía aprobó este jueves la precalificación de los siete consorcios oferentes para la siguiente etapa del proceso de privatización. Este viernes se conocerán las ofertas económicas de los grupos.

Las empresas seleccionadas son cuatro de actuales operadores: Enel; AES Argentina; Central Puerto -que va con Central Costanera- y Orazul. Las restantes son los grupos encabezados por Edison; Aluar y Genneia; y Pampa Energía. Este viernes 28 de noviembre a las 10, se abrirán los sobres de ofertas económicas a través del sistema CONTRAT.AR.

El Gobierno viene trabajando en su plan de reconfiguración del sistema hidroeléctrico nacional. El Gobierno proyecta recaudar alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos.

Con ese objetivo, busca privatizar las cuatro represas más importantes del Comahue - Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados-Planicie Banderita-, que juntas representan cerca del 15% de la generación eléctrica de la Argentina. Las ganadoras podrán operar durante los próximos 30 años.

Según informó oficialmente la Secretaría de Energía de la Nación, la licitación tiene por objeto la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias que operan cada una de las represas, marcando un paso decisivo hacia un "modelo energético basado en la competencia, la eficiencia y la inversión privada".

Cómo es el proceso de privatización de las represas

El proceso, impulsado por la Secretaría de Energía y coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), forma parte del programa de privatizaciones iniciado este año bajo la administración de Javier Milei. La intención oficial es renovar los contratos vencidos en 2023, bajo un esquema que combine participación privada, mayor control estatal y la incorporación de las provincias de Neuquén y Río Negro con hasta un 10% del capital accionario.

El atractivo económico es significativo: el Gobierno proyecta recaudar alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos, todos activos superavitarios y estratégicos para el equilibrio del sistema interconectado nacional. Los nuevos concesionarios deberán abonar un canon a las provincias por el uso del agua y destinar un porcentaje de los ingresos a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).