Privatización de represas: Gobierno licita cuatro centrales clave y lanza auditorías para otras siete

Hoy se abren las ofertas para las represas del Comahue, que generan el 15% de la electricidad del país. En paralelo, avanza con auditorías sobre otras siete centrales para un nuevo proceso de privatización en 2026.

Represas del Comahue. El Gobierno proyecta recaudar alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos hidroeléctricos.

El Gobierno dará este jueves un paso clave en su plan de reconfiguración del sistema hidroeléctrico nacional: se conocerán las empresas oferentes para operar durante los próximos 30 años las cuatro represas más importantes del Comahue -Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados-Planicie Banderita-, que juntas representan cerca del 15% de la generación eléctrica de la Argentina.

El proceso, impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación y coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), forma parte del programa de privatizaciones iniciado este año bajo la administración de Javier Milei. La intención oficial es renovar los contratos vencidos en 2023, bajo un esquema que combine participación privada, mayor control estatal y la incorporación de las provincias de Neuquén y Río Negro con hasta un 10% del capital accionario.

Fuentes del sector señalaron a Energy Report que se esperan al menos una decena de ofertas, con interés tanto de los actuales operadores -Enel Generación, AES Corporation, Central Puerto y Aconcagua Energía- como de nuevos jugadores como YPF Luz, Genneia, MSU Energía, TotalEnergies y grupos chinos vinculados a la ingeniería hidroeléctrica. El proceso prevé adjudicar los complejos antes de fin de año, tras una revisión técnica y de antecedentes que pondrá especial atención en el historial judicial de las compañías.

El atractivo económico es significativo: el Gobierno proyecta recaudar alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos, todos activos superavitarios y estratégicos para el equilibrio del sistema interconectado nacional. Los nuevos concesionarios deberán abonar un canon a las provincias por el uso del agua y destinar un porcentaje de los ingresos a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Avanzan auditorías por otras siete represas hidroeléctricas

Mientras tanto, Energía avanza en paralelo con una segunda fase del proceso: la preparación de la licitación para otras siete represas cuyos contratos están por vencer entre fines de 2025 y mediados de 2026. Se trata de los complejos Cabra Corral, El Tunal, Futaleufú, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, todos actualmente bajo la órbita de ENARSA.

Para ello, la empresa estatal lanzó una licitación internacional para realizar una auditoría técnico-económica que permitirá evaluar el estado operativo, la vida útil de los equipos y las inversiones necesarias para garantizar su mantenimiento y modernización. Esa tarea será clave para definir los pliegos de la nueva ronda de concesiones, que podría publicarse en 2026.

El plan se apoya en el Decreto 67/2025, que habilitó la desintegración vertical de las empresas hidroeléctricas y la apertura a capitales privados. La norma divide los activos en tres unidades de negocio: material rodante (a rematarse en lotes), vías e inmuebles (a concesionar) y talleres ferroviarios (también bajo concesión). A través de la Resolución 1049/2025, el Ministerio de Economía fijó además un plazo de doce meses para concretar el proceso, con el objetivo de garantizar eficiencia, seguridad y continuidad operativa.

Desde el Gobierno defienden la medida como un paso hacia la modernización y la sustentabilidad del sistema hidroeléctrico argentino. “La participación privada permitirá asegurar inversiones, mejorar la gestión y reducir la carga fiscal del Estado, sin perder el control estratégico del recurso”, señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.

El proceso del Comahue es apenas el primer capítulo de un rediseño más amplio del mapa hidroeléctrico argentino. Con la vista puesta en un futuro de mayor demanda energética y de exportaciones eléctricas regionales, la administración nacional apuesta a que el capital privado sea motor de la próxima etapa de desarrollo de la infraestructura energética del país.