Prorrogan beneficios fiscales para el desarrollo de energías renovables

El Senado aprobó el paquete energético y extendió por 20 años la vigencia del artículo 17 de la Ley 27.191. La medida busca dar previsibilidad a proyectos de largo plazo y llega después de más de u$s11.000 millones invertidos en generación renovable desde 2016.

La norma protege a la actividad frente a la creación de tributos específicos, regalías o cánones aplicados sobre el acceso o utilización de esos recursos.

El Congreso convirtió en ley la prórroga del régimen de estabilidad fiscal para las energías renovables hasta el 31 de diciembre de 2045. El Senado sancionó el paquete energético por 38 votos contra 8 y extendió la vigencia del artículo 17 de la Ley 27.191, que impide gravar el acceso y la utilización de fuentes renovables con tributos específicos, cánones o regalías nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida formó parte de una ley más amplia que también incluyó cambios en zona fría, compensaciones de deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista, modificaciones tarifarias y la derogación de regímenes hidrocarburíferos. Para el sector renovable, el punto central es la recuperación de una garantía fiscal que había vencido el 31 de diciembre de 2025 y que ahora queda extendida por otras dos décadas.

La Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) celebró la sanción y sostuvo que la extensión aporta “mayor certeza jurídica y fiscal” a proyectos que requieren fuertes desembolsos de capital y plazos largos de recuperación. Según la entidad, desde 2016 la Argentina movilizó más de u$s11.000 millones en inversión directa en generación renovable e incorporó más de 6.500 MW de nueva capacidad.

Qué implica la prórroga de la Ley 27.191

La prórroga alcanza al artículo 17 de la Ley 27.191, sancionada en 2015, que estableció un marco de estabilidad para el desarrollo de fuentes renovables. La norma protege a la actividad frente a la creación de tributos específicos, regalías o cánones aplicados sobre el acceso o utilización de esos recursos.

El texto aprobado extiende esa protección hasta el 31 de diciembre de 2045. La redacción toma como punto de partida el vencimiento original, ocurrido el 31 de diciembre de 2025, aunque la ley comenzará a regir formalmente después de su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

Para los desarrolladores, el cambio apunta a despejar una incertidumbre que pesaba sobre nuevos proyectos. Las inversiones renovables suelen requerir financiamiento de largo plazo, contratos estables y previsibilidad fiscal durante buena parte de la vida útil de los parques solares, eólicos o de otras tecnologías.

La CEA remarcó que la prórroga no crea subsidios nuevos, sino que mantiene un marco de reglas fiscales estables para la inversión privada.

Una herramienta para destrabar contratos

El capítulo renovable también incorporó una segunda herramienta. La Autoridad de Aplicación o la Subsecretaría de Energía Eléctrica podrán autorizar, de manera excepcional, la cesión a terceros de contratos de abastecimiento firmados por organismos del sector público bajo la Ley 27.191.

La condición será que la finalización de proyectos de inversión en curso dependa de esa cesión y que la parte pública del contrato lo acredite. El Gobierno fundamentó esa modificación en la necesidad de incorporar nueva generación renovable al Mercado Eléctrico Mayorista.

Ese punto apunta a proyectos que quedaron trabados por cambios en las condiciones financieras, contractuales o de ejecución. Con la cesión excepcional, el Ejecutivo busca habilitar una salida para que esas obras puedan terminarse e ingresar al sistema.

El sector pide previsibilidad para la próxima etapa

La prórroga llega en un momento en el que la demanda de energía renovable vuelve a tomar impulso por el crecimiento de grandes usuarios, proyectos industriales, minería, centros de datos y nuevas necesidades de abastecimiento eléctrico.

Según la CEA, desde 2016 la participación renovable en el consumo eléctrico pasó de menos del 2% a cerca del 19% en 2025. La Ley 27.191 había fijado como meta que las fuentes renovables cubrieran el 20% del consumo eléctrico al 31 de diciembre de 2025, la misma fecha en la que vencía la protección fiscal que ahora fue prorrogada.

La nueva ley no modifica las metas de penetración ni las reglas del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), el esquema a través del cual los grandes usuarios contratan energía directamente con generadores. El cambio se concentra en la estabilidad fiscal y en la posibilidad de cesión excepcional de contratos firmados por el Estado.

El paquete energético que llegó al Senado

La senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles y miembro informante del proyecto, enumeró cinco ejes dentro de la ley: zona fría, deudas del Mercado Eléctrico Mayorista, criterios tarifarios para electricidad y gas, renovables y derogación de regímenes hidrocarburíferos.

En Zona Fría, la ley mantiene beneficios para usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero elimina el porcentaje fijo del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos y faculta al Poder Ejecutivo a definir el alcance y las modalidades del beneficio. Para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el descuento quedará reservado a hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

En el plano eléctrico, la ley crea un mecanismo para determinar y compensar ingresos que distribuidoras y transportistas dejaron de percibir por leyes de emergencia tarifaria. En distribuidoras, la compensación se aplicará sobre sus deudas con CAMMESA; en transportistas, sobre penalidades contractuales, siempre que desistan de reclamos judiciales o administrativos vinculados.

El texto también modifica el traslado a tarifas del costo de adquisición del gas natural y deroga el Decreto 277/2022, que había creado regímenes de acceso a divisas para producción de hidrocarburos. Además, deroga el Decreto 929/2013 y los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, aunque los proyectos aprobados bajo esos regímenes conservarán los beneficios adquiridos.

La votación se realizó con el bloque peronista fuera del recinto, por lo que el oficialismo debió garantizar el quórum de 37 senadores para avanzar con la sanción.