San Juan sobre la ley de Glaciares: "La adecuación nos permite proteger el agua con ciencia y no con miedos"

El secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan defendió la adecuación de la ley de Glaciares, aseguró que no reduce la protección y destacó el rol de la ciencia para definir qué ambientes deben resguardarse.

El funcionario sanjunino Roberto Moreno insistió en que el debate debe centrarse en el recurso hídrico y no en la actividad económica. 

Sebastián D. Penelli

El secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de la provincia de San Juan, Roberto Moreno, defendió la adecuación de la ley de Glaciares y sostuvo que la iniciativa apunta a “cuidar lo que realmente importa” con base científica.

Durante su participación en el programa Minería y Voz de la Cámara Minera de San Juan, el funcionario explicó los fundamentos técnicos y políticos detrás del proyecto y buscó despejar temores sobre una posible reducción de la protección ambiental.

Moreno planteó que la adecuación busca resolver vacíos técnicos que, según su visión, existen desde la sanción de la ley nacional. “Nosotros hace 15 años convivimos con una ley nacional que tiene algunas incertezas técnicas, lo que hace que el objeto a proteger -el agua en estado sólido- nunca haya estado bien definido. El proyecto de reforma apunta a clarificar ese objeto de protección, diferenciando ambiente glacial y ambiente periglacial, y también a reconocer las facultades de las provincias para realizar los estudios necesarios”.

En ese sentido, remarcó que la modificación no implica menos controles sino una definición más precisa. “La adecuación de la ley nace de necesidades técnicas y científicas. Existe un caudal de conocimiento enorme en la provincia y en el país, y no se trata de un ‘saco a medida’ para ninguna actividad, sino de aplicar lo que hoy sabemos con datos”.

Roberto Moreno e Iván Grgic, presidente de la CMSJ, en el programa “Minería y Voz” de la Cámara Minera de San Juan.

Facultades provinciales y evaluación ambiental

El funcionario subrayó que, de aprobarse, las provincias mantendrán la competencia para autorizar actividades, siempre bajo evaluaciones ambientales. “Las provincias tendrían la competencia de aprobar ambientalmente actividades humanas en todo su territorio, no solamente en ambiente glacial y periglacial. Y esto se apoyará en el Inventario Nacional de Glaciares, que es la base cartográfica para delimitar qué se protege”.

También destacó que el enfoque será similar al de los procesos de evaluación ambiental vigentes. “No se trata de revisar miles de crioformas de manera aislada durante años, algo que sería inviable. Lo que se propone es continuar con la experiencia que tenemos en evaluación de impacto ambiental, analizando cada caso en función de las actividades humanas que se propongan”.

“No es una ley impulsada por las empresas”

Ante las críticas sobre una supuesta flexibilización para la minería, Moreno fue categórico. “No ha existido ningún pedido de empresas para sacar una ley a medida. Esto surge de la evidencia científica acumulada durante décadas. Hoy sabemos, por ejemplo, que no toda crioforma tiene una función hídrica relevante, y eso es algo que la normativa debe reflejar”.

Y agregó: “Cuando hay miedos, lo mejor es hablar con información. La ley no busca reducir la protección, sino enfocarla en lo que realmente cumple una función hídrica significativa”.

La dimensión científica del debate

El secretario resaltó el rol de la comunidad científica y las instituciones académicas en la provincia. “Hoy podemos decir que los profesionales que más saben de ambiente periglacial están en San Juan. Hay instituciones y equipos técnicos con décadas de trabajo, y las decisiones nunca dependen de una sola persona, sino de procesos con respaldo científico”.

Según explicó, los estudios de nivel 3 -los más detallados- ya se realizaron en la provincia y marcaron un antecedente a nivel nacional. “Son estudios complejos, con tecnología específica y equipos interdisciplinarios. Justamente por eso, el tema glacial y periglacial no puede escapar de lo científico bajo ningún punto de vista”.

Moreno insistió en que el debate debe centrarse en el recurso hídrico y no en la actividad económica. “Estamos hablando de agua, no de otra cosa. En una provincia desértica como la nuestra, estudiar el agua en todos sus estados es una prioridad permanente. Por eso es imposible que exista una decisión política que ignore la evidencia científica”.

Y concluyó con una definición personal: “El compromiso es cuidar el agua con rigor técnico. Si los estudios determinan que un cuerpo de hielo tiene función hídrica relevante, se protege; y si no la tiene, se evalúa su uso. Esa es la forma responsable de gestionar el territorio”.