El destino del mural aún continúa incierto

Si el Estado no declara ya mismo «bien patrimonial» el mural de Siqueiros, «Ejercicio Plástico», el fallo del juzgado Comercial Número 7, que aceptó el pedido de la Secretaría de Cultura de trasladar la obra a la ex Biblioteca Nacional de la calle México con el fin de restaurarla, será prontamente apelado por su propietaria, la firma Dencanor.

En la Secretaría de Cultura, Rubén Stella y la directora de Cooperación Internacional, Teresa Anchorena, celebraron la medida que vino a romper la inercia de un juicio que lleva 11 años. «La solicitud se presentó el 4 de julio, poco antes de la feria, y el 26 de agosto el juez Juan Manuel Gutiérrez Cabello aprobó el traslado», dijo Anchorena. El fallo tiene en cuenta «el interés del gobierno de México» y Cultura, la oferta de ese país de hacerse cargo de la restauración y sus costos. Argumento de peso en tiempos de arcas vacías.

Se trata sin embargo de una cuestión compleja. Las marchas y contramarchas se iniciaron cuando la firma Seville (cuyo titular era el empresario Héctor Mendizábal y sus administradores los operadores culturales Julio Herrero Anzorena y Miguel Frías), compró la quinta Los Granados en Don Torcuato y contrató al restaurador mexicano Manuel Serrano, quien decidió cortarlo a la medida de cuatro containers para llevarlo de gira por el mundo. Los derechos sobre el cuadro pasaron luego a «Fine Arts», y luego a «Dencanor». Mirta Barruti, abogada de esta empresa, dijo ayer que «la Secretaría de Cultura actúa de modo contradictorio al veto de Duhalde».

El fallo señala que «Dencanor se opone a la toma de medida alguna respecto del mural», pero el año pasado la firma ofreció a la presidencia de la Nación, la Secretaría de Cultura y la Comisión de Museos y Lugares Históricos exhibirlo públicamente. Este año, ante la falta de respuesta del Estado, se retractó. Enfrentadas al deshonor de permitir que se degrade una obra cumbre del arte latinoamericano, las instituciones ha procedido de modo contradictorio.

A fines del año pasado la Legislatura sancionó una ley que declaraba al mural un bien patrimonial de la Argentina, pero la Comisión de Museos, que paradójicamente tiene el deber de preservar el patrimonio, recomendó vetar esa norma. Durante su fugaz gestión en la Secretaria de Cultura nacional, Teresa Solá impulsó el veto que el 4 de enero firmaron Duhalde, Capitanich y Gabrieli.

Así el mural sigue siendo propiedad privada, pero si se nominara bien patrimonial se podrían restringir los derechos y obligar a las partes litigantes a brindarle mejor trato. Según entiende el Juzgado, «permitir la restauración y protección en modo alguno puede causar agravio o lesionar a ninguna de las partes involucradas» en el juicio. Ante la posibilidad de exhibición, aclara que «en el caso de que se generen fondos, los mismos deberán ser depositados en autos a la orden de la quiebra».

En Cultura los funcionarios sostienen «que debe determinar si el mural debe ser declarado patrimonio, ahora, cuando veamos su estado», aunque existiría la posibilidad de que sus dueños iniciaran un «juicio de expropiación inversa». El Estado se vería obligado a pagar lo que vale. ¿Cuánto vale el mural y quién es responsable si luego del evidente maltrato se ha deteriorado? Son las preguntas que nadie responde.