El derrocamiento del presidente Nicolás Maduro colocó en el centro de la escena la crisis de deuda de Venezuela, uno de los mayores incumplimientos soberanos aún sin resolver del mundo.
La multimillonaria deuda en dólares de Venezuela: ¿quiénes están en la fila para cobrarla?
Analistas estiman que Venezuela tiene alrededor de u$s60.000 millones en bonos en default. Sin embargo, la deuda externa total se ubica en torno a u$s150.000 y u$s170.000 millones.
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Venezuela: la deuda que mantiene el Estado con empresas internacionales.
Tras años de crisis económica y de sanciones de EEUU que aislaron al país de los mercados internacionales de capitales, Venezuela entró en default a fines de 2017 al dejar de pagar bonos internacionales emitidos tanto por el Estado como por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Desde entonces, los intereses acumulados y los reclamos legales vinculados a expropiaciones pasadas se sumaron al capital impago, llevando las obligaciones externas totales muy por encima del valor nominal de los bonos originales.
La deuda venezolana en situación de estrés se recuperó desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió en enero de 2025, en medio de apuestas especulativas a un eventual cambio político.
A continuación, un repaso de qué entidades adeudan dinero, qué podría incluir una eventual reestructuración y quiénes podrían tocar la puerta de Caracas para cobrar.
¿Cuánto debe Venezuela?
Según Reuters, analistas estiman que Venezuela tiene alrededor de u$s60.000 millones en bonos en default. Sin embargo, la deuda externa total -que incluye obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales- se ubica en torno a u$s 150.000– u$s170.000 millones, dependiendo de cómo se contabilicen los intereses devengados y los fallos judiciales.
El Fondo Monetario Internacional estima que el PBI nominal de Venezuela rondará los u$s 82.800 millones en 2025, lo que implica una relación deuda/PBI de entre 180% y 200%.
Un bono de PDVSA con vencimiento original en 2020 estaba garantizado con una participación mayoritaria en la refinería estadounidense Citgo, que pertenece en última instancia a PDVSA, con sede en Caracas. Citgo es hoy un activo clave en el centro de los procesos judiciales supervisados por tribunales mediante los cuales los acreedores buscan recuperar valor.
¿Quién tiene qué?
Años de sanciones -incluida la prohibición de negociar deuda venezolana- han dificultado el seguimiento de la tenencia de los títulos.
La mayor porción de los acreedores comerciales estaría en manos de tenedores internacionales de bonos, incluidos fondos especializados en deuda en dificultades, a menudo denominados “fondos buitre”.
Entre los acreedores figura un grupo de empresas que obtuvo compensaciones mediante arbitrajes internacionales luego de que Caracas expropiara sus activos. Tribunales estadounidenses han ratificado indemnizaciones por miles de millones de dólares a compañías como ConocoPhillips y Crystallex, entre otras, convirtiendo esos reclamos en obligaciones de deuda y habilitando a los acreedores a perseguir activos venezolanos para cobrar.
Un conjunto creciente de demandantes con reclamos reconocidos por la Justicia compite por obtener recupero a partir de la empresa controlante de Citgo, a través de procesos legales en Estados Unidos. Un tribunal de Delaware registró cerca de u$s19.000 millones en reclamos para la subasta de PDV Holding, la controlante de Citgo, cifra que supera ampliamente el valor estimado del total de los activos de Citgo. PDV Holding es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA.
Caracas también mantiene acreedores bilaterales, principalmente China y Rusia, que otorgaron préstamos tanto a Maduro como a su mentor, el expresidente Hugo Chávez.
Las cifras precisas son difíciles de verificar, ya que Venezuela no publica estadísticas completas de deuda desde hace años.
¿Una reestructuración lejana?
Dada la multiplicidad de reclamos, los procesos judiciales en curso y la incertidumbre política, se espera que una reestructuración formal sea compleja y prolongada.
Un eventual acuerdo de deuda soberana podría apoyarse en un programa del FMI que fije metas fiscales y supuestos de sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, Venezuela no mantiene una consulta anual con el organismo desde hace casi dos décadas y continúa excluida del financiamiento del prestamista multilateral.
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