7 de agosto 2009 - 21:16
A un año del triple crimen, aseguran que la causa está muy rebuscada
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Leoppoldo Bina, Damián Ferrón y Sebastián Forza
De acuerdo a los datos que constan en la causa, el último rastro que se tiene de las víctimas se ubica en el Wal Mart de Quilmes, donde mantuvieron una reunión de negocios.
De allí, se trasladaron a General Rodríguez posiblemente engañados. Lo más probable es que en ese momento aún no estuvieran privados de la libertad, sino hubiese sido imposible que hayan podido realizar llamados telefónicos como quedó registrado.
Según los estudios realizados por los peritos forenses, los crímenes se concretaron entre el 7 de agosto del año pasado y el 11 en algún lugar aún no determinado, y para los investigadores está claro que los homicidas montaron una escena en el zanjón donde arrojaron los cadáveres en General Rodríguez.
Ni siquiera se animan a descartar que los asesinos hayan mantenido los cuerpos en alguna heladera o cámara frigorífica antes de llevarlos al lugar donde finalmente fueron encontrados.
Un informe elaborado por la directora de Coordinación del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense, Virginia Creimer, señala que en el zanjón de General Rodríguez no había la cantidad de sangre acorde a las heridas que presentaban los cuerpos.
Además, que los cadáveres presentaban marcas de precintos plásticos que les fueron retirados cuando ya había rigidez cadavérica, o sea mucho después de las muertes.
Y finalmente porque las vainas y plomos calibre .40 y 9 hallados junto a los cadáveres no se condicen con los disparados que tenía cada una de las víctimas.
Lo que sí les quedó claro a los investigadores es que hubo una "ejecución secuencial" de las víctimas y que el último en morir fue Forza, quien pudo haber presenciado cómo le cortaban un trozo de oreja a Bina (que nunca se halló) antes de matarlo.
Por otra parte, Bidone consideró que varios de los 58 testigos que declararon en la instrucción de la causa, seis de ellos de identidad reservada, aportaron evidencias, pero admitió que tienen un "doble temor": "Que les ocurra lo mismo a ellos o que aporten algún dato por el cual puedan quedar involucrados en otras causas penales en curso".
A un año de ocurrido el hecho, el expediente cuenta con 20 mil fojas, 500 teléfonos analizados y 10 Gigas de material digitalizado.
Además, Bidone tiene bajo análisis otras causas instruidas en otras fiscalías y juzgados de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, en algunas de las cuales lo autorizaron a participar de allanamientos por si se hallaba alguna evidencia o prueba de su interés.
El fiscal explicó que su "método de investigación judicial es recabar la máxima prueba irrefutable antes de solicitar al juez medidas como detenciones" y aclaró que "la instrucción de esta compleja causa se encuentra precisamente en esa etapa".
Aseguró que recibió el apoyo de sus superiores, la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, y el fiscal general de Mercedes, Pablo Merola.
Explicó que los familiares de las víctimas "están permanentemente informados sobre los avances de la investigación, ya que es comprensible el estado de ansiedad que les produce esta situación, sobre todo al llegar el aniversario".




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